Más persecución
Como siguiendo un libreto que se usa en mucho en países como Venezuela y Nicaragua, el Gobierno ha comenzado a acelerar la persecución contra los opositores y, en general, los disidentes o aquellos que divergen, en cuanto a posición política o pensamiento de la línea ideológica del oficialismo.
La profundización de estas acciones tiene como instrumento ejecutor a una justicia cuestionada por su obsecuencia y sumisión al MAS, lo cual la ha convertido en una institución dócil y sujeta a los dictados del poder, como lo han señalado numerosos informes internacionales sobre su lamentable estado de falta de independencia e imparcialidad, pero draconiana y perversa contra quienes no comulgan con su mandante, el oficialismo, que busca imponer la narrativa del “golpe de Estado” mediante condenas de opositores.
El masismo se ha fijado la meta de usar tal “golpe de Estado” para descabezar a la oposición y a la disidencia, con el fin de transformar a la democracia boliviana en un régimen de partido único, en que el exacerbado presidencialismo, vigente hasta ahora, se convierta, al modo criollo, en una suerte de principado o monarquía de tinte absolutista. Para este propósito, el oficialismo persigue judicialmente, en un lawfare sañudo e interminable, al de pensamiento y palabra discrepante mediante lo que se conoce como la “justicia podrida”, según el preciso término acuñado por uno de los popes del evismo.
Establecido el espurio propósito de encarcelar a quien ose oponerse a la pretensión de dominio absoluto del expresidente y dirigente cocalero Evo Morales y su partido, la acometida ha cobrado ya víctimas de un listado que puede crecer, en la medida en que no se busca propiamente justicia ni esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos, sino satisfacer un elemental y premoderno deseo de venganza, combinado con la mencionada idea absolutista. Tenemos hoy, en esa nómina, a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, condenada a 10 años en un juicio ordinario a todas luces inconstitucional e ilegal en el caso “Golpe de Estado II”; como ella, también han caído en las redes de la retorcida justicia militares y policías acusados de haber apoyado a un “régimen de facto” que, sin embargo, funcionó con un Poder Legislativo y sin militares que asumieran el poder; la presentación de una nueva querella, impulsada por un funcionario de la Procuraduría – esta institución pierde millonarios arbitrajes, pero está en primera línea de la persecución judicial-, ha agregado a la nómina de “cómplices” del inexistente “golpe” a todos los políticos de la oposición y líderes cívicos, a quienes se espera, por supuesto, condenar, para que así queden inhabilitados para participar en las elecciones generales de 2025. La última víctima de este siniestro plan es el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien ha sido sentenciado a un mes de cárcel por un caso de hace 25 años, aunque el verdadero propósito es sacarlo de la carrera electoral, porque es el mejor perfilado entre los opositores y esto es considerado peligroso por el evismo.
La disidencia es importante para la democracia, porque ayuda al debate de ideas, pero en Bolivia es perseguida y sentenciada.
