Críticas infundadas a la propuesta de reforma judicial vía referendo

El colectivo “Juristas Independientes” ha formulado una propuesta de reforma judicial vía referendo, trascendiendo la mera propuesta teórico-académica y ha presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en ejercicio de la soberanía popular y la facultad conferida por la Constitución, una propuesta de iniciativa de referendo constitucional para la reforma parcial de la Constitución, que permita acometer con seriedad la reforma de la administración de justicia que —es cierto— tuvo y tiene muchos problemas desde el nacimiento de Bolivia en 1825, pero que se ha visto seriamente dañada desde la asunción del MAS al gobierno en 2006. 

Esta actitud contrasta de manera evidente con la demagogia con la que el Gobierno ha tratado el tema desde noviembre de 2020, cuando se conformó un grupo de abogados notables que debía encargarse de perfilar la reforma judicial, que fue prontamente dejado en el olvido; actitud que continuó con tres nuevas propuestas (ejes y mesas de por medio), que quedaron en nada.

Como corresponde en un sistema democrático (bien entendido y no sólo para beneficio de quienes transitoriamente usufructúan del poder), se han hecho públicas críticas a la propuesta. Desde aquellas que la han descalificado incluso mintiendo sobre la misma (Ministro de Justicia), hasta otras que revelan poco entendimiento, desconocimiento o mala fe respecto a su contenido.

Un diario paragubernamental ha dedicado su editorial del pasado 31 de julio a la propuesta, señalando que “una decena de juristas que se autodenominan ‘independientes’, pero que en su mayoría provienen del campo de la oposición” (como si ser opositor los convirtiera automáticamente en dependientes de alguien [“El ladrón cree que todos son de su condición”]), han formulado una propuesta que “suma valiosos elementos de diagnóstico y propositivos para el gran debate nacional que se requiere sobre el tema”, en referencia a los “diálogos plurales para la transformación de la justicia impulsados por la Vicepresidencia del Estado y el Ministerio de Justicia con acompañamiento (¿celestinaje?) de la ONU. El mismo diario, en su edición del 7 de agosto, avanza con notas sobre las elecciones judiciales del próximo año, como si la propuesta de los “Juristas independientes” no existiera.

Otra crítica se ha centrado en la Jurisdicción Indígena Originario Campesina, señalando que no estaría supeditada a la Constitución y a las leyes. ¡Nada más falso! El artículo 190.II de la CPE determina: “La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución”. ¿El respeto de tales derechos y garantías no significa estar supeditada a ellos? No se comprende el fondo de la crítica, a no ser que se trate de prejuicios.

Una tercera, formulada en dos oportunidades, hace referencia al desatino que supondría aumentar sueldos a los jueces, medida que el autor de la crítica califica como medular de la propuesta. Tampoco esto es cierto, porque la propuesta identifica tres carencias a resolver: independencia e idoneidad de los jueces, recursos y presupuesto, y acceso universal y el incremento de presupuesto para el Órgano Judicial se inscribe en ese marco general.

Bienvenidas las críticas, cuando no son producto de la falsificación y tergiversación interesadas, ni de prejuicios y cuando se formulan sobre la base de un conocimiento del contenido de la propuesta.