La inversión pública en las gobernaciones

Cuando hablamos de gestión pública nos referimos a la implementación de políticas públicas por parte de los que nos gobiernan, es decir, a la aplicación y ejecución de los recursos del Estado con el objetivo de fomentar el desarrollo y el estado de bienestar en la población.

Las Políticas Públicas son las acciones de un determinado gobierno, que busca atender y dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, mediante el uso estratégico de recursos (Chandler y Plano, citados por Alcántara, 1995).

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001 y catedrático de la Universidad de Columbia (EEUU), señala que para que un gobierno tenga crecimiento económico y que las generaciones futuras resulten beneficiadas se deben efectuar grandes inversiones públicas en infraestructura, educación y tecnología.

Asimismo, los economistas Barro y Sala-i-Martin (1995) nos dicen que una expansión del gasto y la inversión pública pueden aumentar la tasa de crecimiento de la economía, lo cual tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas. 

Ahora veamos lo que sucede en nuestros gobiernos subnacionales, específicamente en los nueve Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) del país.

Según datos extraídos de la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), al 31 de julio de la presente gestión las transferencias del nivel central del Estado (NCE) hacia los GAD por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Fondo de Compensación Departamental (FCD), Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) y regalías (mineras, hidrocarburíferas y forestales) ascienden a Bs 2.790 millones, de los cuales quien recibe mayores recursos es el GAD de Santa Cruz por Bs 654 millones (23%), seguido de Potosí Bs 591 millones (21%) y Tarija Bs 384 millones (14%), entre los más representativos.

En cuanto a la ejecución presupuestaria en inversión pública por parte de los gobernadores, según datos del Sistema de Gestión Pública, a julio de 2022, el último lugar lo ocupa el GAD de Santa Cruz con un 13% de ejecución, seguido de Beni con 15% y Oruro 17%, entre los más importantes.

De los datos anteriormente señalados se puede evidenciar que el GAD de Santa Cruz es la gobernación que recibe mayores recursos, pero es el peor de todos en cuanto a la ejecución de recursos en inversión pública, es decir, hay ausencia de gestión pública por parte del Gobernador de Santa Cruz y su equipo. Es paradójico el caso de Santa Cruz, porque se les asigna más recursos y ejecuta menos.

Por el contrario, el NCE hace todos los esfuerzos para cumplir con la población; por ejemplo, a mayo de 2022, Bolivia logró un superávit corriente de 3,6% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y 1,5% en el balance global; a julio de 2022, la recaudación tributaria del mercado interno creció 22,3% con respecto al mismo periodo de 2021, llegando a Bs 21.326 millones, y conforme a la normativa vigente estos recursos son distribuidos o transferidos a los diferentes niveles de gobierno (gobernaciones y municipios) y universidades públicas autónomas.

Finalmente, puedo decir que no es una medida acertada paralizar las actividades económicas de la población, como se hizo en Santa Cruz, sabiendo que varios viven del día. Por tanto, es necesario que nuestros gobernadores trabajen en beneficio de la gente y no perjudicándolos con paros, bloqueos, etc. La mejor noticia que esperamos como ciudadanos, es la entrega de obras, carreteras, puentes, equipamiento de hospitales, generación de empleo, electrificación, proyectos para el apoyo a la producción, entre otros establecidos en la Constitución Política del Estado.