La reforma judicial
Ni bien el presidente Luis Arce, en la 77 Asamblea de la ONU, acababa de afirmar que en el país no hay injerencia del Ejecutivo sobre la justicia, el Tribunal Supremo Electoral ha sorprendido con la noticia de la aprobación de las cuatro preguntas, aunque con cambios, para un referendo constitucional para reformar la justicia.
La reforma de la justicia mediante un referendo constitucional es una loable iniciativa de la agrupación Juristas Independientes, que ha evaluado el calamitoso estado de la administración de las jurisdicciones, que ha llegado acaso a su punto más bajo en la historia democrática del país, debido, precisamente, al control que ejerce el Poder Ejecutivo sobre aquellos que tienen la obligación de resolver las controversias, propias de una organización social, para restablecer la paz social. No es un secreto que, a contramano de su rol, hoy el Poder Judicial es un instrumento eficiente de persecución política que el poder emplea contra la oposición y todo aquel que defienda ideas distintas a las oficiales. En tal condición, la ciudadanía bien informada ruega no caer en los ámbitos judiciales, que tienden, por su sumisión a las órdenes de los políticos de turno, a condenar injustamente y, por el contrario, a liberar de responsabilidades a aquellos que gozan de protección política.
No cabe duda alguna de que la pregunta más importante, entre las cuatro que ha aprobado, con modificaciones, el TSE, es la que elimina el absurdo sistema actual de elección de jueces y magistrados, en apariencia democrático, pues las autoridades jurisdiccionales se definen mediante el voto popular y directo, pero que en realidad se distorsiona cuando las ternas son definidas por el Poder Legislativo, es decir, por la correlación de fuerzas parlamentarias, que hasta hace poco ha sido favorable al oficialismo. Esto ha dado resultados negativos, porque los jueces y magistrados se sienten obligados a retribuir el favor de haber sido elegidos por los políticos.
Plantean los Juristas Independientes la conformación de un cuerpo colegiado, denominado Comisión Nacional Ciudadana, integrado por especialistas postulados por las instituciones más representativas de la sociedad, que sería el eje de una transformación radical en la selección y nombramiento de los jueces y magistrados, mediante la valoración justa de la idoneidad y probidad de los que pretendan convertirse en autoridades jurisdiccionales. Es demagógico haber sometido el proceso de designación a las urnas. Y ha recibido tanto apoyo esta pregunta que se considera que tal Comisión también podría encargarse de la designación de otras autoridades, que hoy está en manos de los políticos.
Lo que resta ahora es que la propuesta reciba el respaldo de al menos 1,5 millones de firmas en los libros que debe facilitar el TSE a los promotores de esta vital reforma. Que sea una iniciativa exitosa, para que así la justicia salga de su actual crisis, que tiene como principal afectado al ciudadano.
