Primeros conflictos del año
Los recientes bloqueos de caminos motivados por los posibles efectos del próximo Censo de Población y Vivienda y protestas urbanas contra la prórroga de autoridades judiciales podrían ser el anuncio de que los próximos meses serán conflictivos.
Es una perspectiva que puede poner en riesgo la realización del Censo —programado para el sábado 23 marzo— y ante la cual el Gobierno tendría que desplegar una estrategia de negociaciones y diálogo para evitarla.
En efecto, el bloqueo ejecutado por habitantes de Colomi, Cochabamba, que paralizó por cuatro días el tráfico vehicular en la vía más importante de conexión entre oriente y occidente, podría repetirse en otros puntos por similares motivos: el temor, fundamentado o no, de que los resultados del Censo revelen modificaciones importantes en el número de habitantes.
“El tema de fondo es que el Censo se postergue más allá de marzo y ya no entren los resultados para las elecciones de 2025. Si se retrasa más allá del 23 de marzo, los resultados ya no se aplicarían para las elecciones de 2025 y no habrá redistribución de escaños”, alertaba el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, citado por el diario cruceño El Deber, en su edición del domingo recién pasado.
Otro motivo de posibles conflictos que deberá encarar próximamente el Gobierno es el rechazo a la prórroga inconstitucional de las máximas autoridades judiciales, que debían ser reemplazadas por otras electas en unos comicios que no se realizaron el pasado mes de diciembre, como estaba previsto, debido en parte a la demora del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en responder a los recursos planteados contra el proceso legislativo necesario para convocar a esos comicios.
Una protesta en contra de esa autoprórroga tuvo lugar ayer en Sucre, donde se trasladaron masistas radicales de La Paz y Potosí que intentaron ingresar por la fuerza a la sede de ese tribunal.
Pero no ellos no son los únicos que rechazan la continuidad de funciones de las máximas autoridades del Órgano Judicial: líderes de la oposición y del Comité Nacional de Defensa de la Democracia convocaron a una movilización, pasado mañana, jueves, en Sucre en protesta contra lo que consideran un “golpe de Estado progresivo”.
A esas circunstancias debe añadirse el descontento y la hostilidad antigubernamental de la facción evista del MAS por la decisión del TCP que complica la habilitación de Morales a la candidatura presidencial en 2025 y la invalidación determinada por el Tribunal Supremo Electoral del congreso nacional de ese partido realizado hace cuatro meses.
En ese contexto, el gesto más publicitado e impactante del Gobierno ha sido la dotación, la última semana de 2023, de equipos antimotines y de seguridad a la Policía, por un monto de casi 159 millones de bolivianos.
