Las leyes como instrumento de extorsión

Solo en una sociedad degradada –como advertía Ayn Rand– las leyes dejan de proteger al ciudadano honesto y terminan funcionando en su contra. En esos contextos, las normas ya no resguardan derechos; se convierten en dispositivos que castigan a los justos y protegen a los corruptos.

Esa distorsión, que parecería propia de una distopía, es hoy una realidad inquietante. En Bolivia, muchas leyes –incluidas aquellas concebidas para proteger derechos fundamentales, como los de la mujer– han sido perversamente desnaturalizadas. En lugar de garantizar justicia, han pasado a formar parte de un mecanismo más amplio: la institucionalización de la extorsión.

El fenómeno es grave. Las leyes, en su sentido original, son instrumentos para ordenar la convivencia y limitar el abuso. Sin embargo, cuando se vacían de contenido y se subordinan a intereses espurios, se transforman en herramientas de presión, chantaje y enriquecimiento ilícito. Se profana así su espíritu, aquel del que nos hablaba Montesquieu.

Este proceso no es espontáneo. Tiene un origen político concreto. Durante el prolongado ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS), la justicia fue sistemáticamente desnaturalizada. El poder judicial dejó de ser un contrapeso institucional para convertirse en un apéndice funcional del poder político.

Se construyó un aparato judicial subordinado, donde jueces y fiscales ya no administraban justicia, sino que respondían a objetivos de control y reproducción del poder.

En ese contexto, la judicialización de la política alcanzó niveles extremos. La ley fue utilizada para perseguir, neutralizar y eliminar adversarios. Casos emblemáticos, como el denominado “terrorismo” o el de Jacob Ostreicher, ilustran con crudeza esta deriva: procesos cargados de irregularidades, uso discrecional de la norma y una justicia convertida en instrumento de chantaje.

Pero el problema no termina ahí. Esa subordinación política generó una segunda perversión aún más profunda. Los operadores de justicia, habituados a responder a intereses de poder, comenzaron a trasladar esa lógica a otros ámbitos.

Los favores político-judiciales abrieron la puerta a prácticas sistemáticas de extorsión. Así, la ley, al margen de constituirse en un instrumento de persecución política, se convierte también en un mecanismo de negocio. Es ahí donde la justicia se pudre definitivamente.

A partir de entonces emergen estructuras informales, verdaderos consorcios integrados por policías, fiscales y jueces. Redes que operan en distintos niveles, utilizando la ley como arma de presión. Denuncias inducidas, procesos manipulados, medidas cautelares negociadas: todo forma parte de un sistema donde la justicia se transa, se negocia y se vende.

Lo más preocupante es que este sistema es invisible en gran medida. No siempre es posible identificar quién activa una denuncia falsa o qué intereses están detrás de un proceso. La opacidad es parte de su eficacia. La ley se convierte así en un instrumento perfecto de extorsión: formalmente legítimo, pero materialmente perverso.

Algunos casos recientes, incluso ventilados desde el propio aparato estatal, han comenzado a mostrar apenas la superficie de este entramado. Pero lo que se conoce es, probablemente, solo una fracción de un problema mucho más profundo y extendido.

Con el fin del ciclo masista y la llegada de un nuevo Gobierno se abrió –al menos en el discurso– una esperanza de transformación. La reforma de la justicia fue una de las principales promesas de Rodrigo Paz. Se esperaba un cambio radical: desmontar estas redes, restituir la independencia judicial y devolverle a la ley su función original.

Sin embargo, esa promesa hasta ahora es solo discurso.

No solo no hay cambios sustanciales, sino que existen señales preocupantes de continuidad. Ese poder invisible, esas redes informales, parecen seguir operando con la misma lógica y la misma impunidad. La estructura permanece intacta.

En ese escenario, la responsabilidad política es ineludible. Si el Gobierno no impulsa reformas profundas y no da señales claras de ruptura con estas prácticas, no solo estará incumpliendo su mandato, sino que se convertirá  en cómplice por omisión.

Porque cuando la ley se convierte en instrumento de extorsión, el Estado deja de ser un garante de derechos para transformarse en una amenaza. Y cuando eso ocurre, la viabilidad misma del país entra en cuestión.

Si no se desmonta este entramado, si no se recupera el sentido original de la ley, Bolivia no estará ante una crisis pasajera, sino ante un proceso más profundo: la consolidación de un orden donde la justicia ya no existe y donde el poder –desnudo y sin límites– lo sustituye todo.

Y entonces, como en un círculo vicioso que se repite, no habrá cambio real, sino apenas un relevo: el reemplazo de unas élites por otras, igualmente corruptas, igualmente depredadoras.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón