Urge erradicar los linchamientos
Las recientes noticias sobre linchamientos en Pocoata, Potosí, donde tres personas sufrieron una muerte espantosa; en Shinahota, en Cochabamba, donde un joven fue víctima de la ira popular; y, el intento de linchamiento en Viacha, en La Paz, de tres adolescentes, la semana pasada, no solo muestran la barbarie con la que actúan las turbas, sino que esta práctica lejos de desaparecer continúa, impulsada por la impunidad que rodea a este tipo de ejecuciones crueles.
A diferencia de otros ajusticiamientos, lo ocurrido en Pocoata y Viacha también reflejan que los grupos están dispuestos a desafiar a la autoridad y hacer justicia por mano propia al desconocer la institucionalidad y sistema de justicia que deben investigar a los ciudadanos en Bolivia quien son señalados por la comisión de algún delito. En ambos casos, la muchedumbre rebasó a la Policía en el primero con un resultado fatal y en el segundo felizmente se logró imponer el respeto a la vida y entregar a los aprehendidos a la justicia.
Aunque los linchamientos son recurrentes en Bolivia y particularmente en algunas zonas, como el trópico de Cochabamba, la mayoría queda en la impunidad por el denominado “pacto de silencio”, que alimenta sin cesar esta violencia macabra que es un delito común y está lejos de lo que se considera la justicia comunitaria.
Una de las sociólogas que ha más ha investigado sobre los linchamientos en el país, Alejandra Ramírez, sostiene que uno de los factores que alienta a que las comunidades usen la violencia como un factor de advertencia es la falta de institucionalización y la creciente desconfianza en las autoridades públicas y policiales. Sin embargo, también, está presente la penetración de organizaciones criminales y de actividades ilícitas.
El peligro más grande ya no es solo la impunidad, sino comenzar a normalizar los linchamientos. Ese es el mayor riesgo que se corre cuando no hay investigaciones que permitan identificar a los instigadores y responsables de estas ejecuciones. Cuando ocurra lo contrario, se confirmarán que vivir en forma civilizada es una condición que no solo está presente en algunas regiones del país, aunque desgraciadamente en otras prevalece la ley del más fuerte.
Será importante que el Gobierno Nacional comience a encarar los linchamientos en toda su complejidad para recuperar la confianza de la población en la justicia y que promueva valores de respeto a la vida e igualdad entre bolivianos. El Ministerio Público debe implementar mecanismos de investigación de largo aliento que permitan esclarecer estos crímenes más allá de los plazos que se establecen con el fin de sancionar a los verdaderos responsables para garantizar que quienes sancionen a los detenidos por robos y otros delitos sean tribunales competentes que impongan el castigo que las víctimas exigen, pero, siempre con respeto a la vida.
