Quiborax: Mesa denuncia a Menacho, Arce, Navarro y Arismendi por dos delitos
El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, presentó hoy ante la Fiscalía de Sucre una denuncia por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes contra el Procurador General del Estado, Pablo Menacho; el ministro de Justicia, Héctor Arce; el ministro de Minería, César Navarro; y la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.
El vocero de la demanda marítima aseguró que Menacho y Arce son responsables por la derrota del laudo arbitral con la empresa Quiborax, que le costó a Bolivia 42,6 millones de dólares.
Mesa indicó que en 2009 existió una “oferta firme” de Quiborax para dar fin al proceso arbitral a cambio de un pago de tres millones de dólares que debía efectuarse por parte de Bolivia.
“No se entiende cómo (Arce cuando era ministro de Defensa Legal del Estado) no aceptó esa oferta para dar fin al litigio arbitral y de esta manera ahorrarle a Bolivia aproximadamente 40 millones de dólares de perjuicio, comparación de cifras que se deduce del acuerdo del gobierno suscrito con esta empresa el 7 de junio de 2018, que asciende a 42,6 millones de dólares”, escribió el expresidente en su página web.
Por otro lado, la exautoridad de Gobierno se refirió a la presunta acta falsificada que Quiborax usó para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica por la reversión de sus concesiones mineras en el salar de Uyuni, en 2004
“Se forzó su ilegal tramitación (del arbitraje) sobre la base de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, cometido por uno de los personeros de la sociedad demandante, para simular el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la legal presentación de ésta demanda”, señaló Mesa en una parte de la denuncia.
Asimismo, manifestó que esta falsificación ocurrió cuando Elizabeth Arismendi cumplía funciones como ministra de Defensa Legal del Estado.
También señaló que personeros y abogados chilenos de Quiborax tuvieron acceso a documentos oficiales y confidenciales de Bolivia, el año 2016, cuando la Procuraduría estaba a cargo Arce.
Aseguró también que la responsabilidad recae sobre el ministro de Minería, César Navarro, ya que con el pago de 42,6 millones de dólares que Bolivia debe efectuar se habría producido un daño económico en una de las áreas que maneja esta cartera del Estado.
En junio de 2004, el Gobierno de Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para explotar ulexita. En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) al Estado boliviano por 66 millones de dólares.
En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y confirmó los montos establecidos en 2015.
El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó CIADI y acordó pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.
