Denuncian trabas para cobrar seguro en el caso LaMia
Una comisión de abogados y representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Vuelo de Chapecoense (AFAV-C), que permaneció aproximadamente una semana en Bolivia en busca de respuestas y ayuda para lograr el pago de la indemnización por la pérdida de sus seres queridos, lamentó la actitud evasiva de la Bisa Seguros y Reaseguros, que se negó a brindar mayores datos sobre el resarcimiento, por lo que consideran que la aseguradora estaría esperando la extinción del la póliza, que tiene un tiempo de dos años posteriores al accidente, con la finalidad de evitar responsabilidades.
Bisa Seguros y Reaseguros informó en noviembre de 2017 sobre la creación del Fondo de Asistencia Humanitaria LaMia 2933 que tenía la finalidad de aliviar las dificultades económicas de los afectados por el siniestro, pese a que la póliza contratada por la aerolínea no estaba vigente por falta de pago. El monto de dicho fondo solidario no fue especificado.
Sin embargo, Rómulo Peredo, miembro del equipo jurídico que representa a mencionada asociación, señaló que, pese a las solicitudes, la aseguradora se negó a recibirlos, por lo que no obtuvieron mayores detalles respecto a la indemnización a los familiares de las víctimas. Además, indicó que Bisa Seguros y Reaseguros está dilatando el proceso de todas las formas posibles con la supuesta finalidad de llegar a la extinción del seguro a partir del cumplimiento del plazo fatal, el cual culmina el 28 de noviembre de 2018, dos años después del siniestro.
“Aparentemente, lo que ellos están buscando es que el seguro expire, que llegue a plazo fatal y digan ‘señores, lo sentimos por ustedes, pero no le vamos a dar ningún peso, no le vamos a dar ningún reconocimiento, no les vamos a dar esa dignidad que las viudas merecen y lo único que vamos a darles es un lo lamento’”, dijo Peredo.
Ante esta situación, el abogado informó que, como acción jurídica, el equipo de abogados acudió a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), entidad estatal que solicitó la transferencia de toda la documentación colectada por el equipo jurídico con la finalidad de coadyuvar con las investigaciones en el menor tiempo posible.
Según Peredo, la APS tenía la información de que el seguro había pagado la póliza y beneficiado a las familias de las víctimas con el fondo solidario, sin embargo, el equipo de abogados aclaró que esto no ocurrió y que ninguno de los 68 miembros de la AFAV-C recibió pago alguno proveniente de la aseguradora.
Además, Peredo cuestionó la creación del fondo solidario, puesto que, en su criterio, éste tiene la finalidad de otorgar un monto reducido en relación a las exigencias de las familias y hacer que éstas no tengan la posibilidad de iniciar procesos posteriores en contra de la aseguradora. “No tiene una finalidad solidaria, sino es un documento para tal vez llegar a callar a las familias, porque la condición de recibir el fondo es que no haya proceso ninguno contra ellos”, agregó.
Abel Días, experto en seguros que forma parte del equipo jurídico que representa a la AFAV-C, informó que en la reunión sostenida con el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe, hicieron notar que Bolivia, Brasil y Colombia hicieron malas prácticas de aviación porque en “algún momento dejaron salir un vuelo que no debía salir” porque no contaba con los permisos ni los seguros obligatorios correspondientes.
Según un documento de Bisa Seguros y Reaseguros, LaMia contrató dos pólizas. La primera relacionada a accidentes personales de aviación para tripulantes con cobertura de gastos médicos y muerte accidental, mientras que la segunda era un seguro de aeronavegación con cobertura de responsabilidad civil para pasajeros.
“MISTERIO GRANDE”
Cuestionan el cambio de póliza
Rómulo Peredo, miembro del equipo de abogados de la AFAV-C, considera que es “un misterio muy grande” el cambio de póliza de LaMia, puesto que en los cuatro años previos al siniestro contaba con una póliza de 300 millones de dólares, mientras que la póliza contratada durante el periodo en el que ocurrió el accidente fue de 25 millones de dólares. Agregó que el monto de 300 millones de dólares permitiría cubrir la indemnización de todo el grupo de familiares de las víctimas.
