Expertos ven 7 motivos para desconfiar de la auditoría
La auditoría a las elecciones del 20 de octubre que la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó el jueves no termina de convencer. Cuatro abogados constitucionalistas hicieron siete observaciones al acuerdo para el estudio y plantearon cinco recomendaciones para que se realice una revisión que sea legítima.
Los juristas José Antonio Rivera, Rebeca Delgado, William Bascopé y José Luis Santisteban aseveraron que los elementos que se pueden observar son: que la auditoría se realiza sin la participación de los ciudadanos movilizados; que el estudio alcanza solamente al proceso de cómputo electoral y no a otras etapas; que será realizada sobre la base de la información oficial entregada por el Estado, a través del Órgano Electoral Plurinacional; que el Estado pidió que la auditoría se realice “sin menoscabo de la soberanía del Estado y de la independencia y autonomía del Órgano Electoral”, lo que genera confusión.
Además, que no especifica a qué partes del convenio y resultados serán vinculantes; se cuestiona que cualquiera de las partes podrá dar por terminado este acuerdo en cualquier momento; también se observa que no señala qué pasará legalmente con los autores si se confirma un fraude; y que la auditoría debería incluir al TSE como institución, o sea que también se debería auditar al TSE.
Rivera explicó sobre el primer punto que la exclusión de los sectores en la auditoría genera la desconfianza de la ciudadanía que ha salido a las calles a protestar pacíficamente, porque considera que por segunda vez se está desconociendo su voluntad política.
Sobre el segundo punto, Rivera señaló que es todo el proceso electoral el que ha generado desconfianza y por lo tanto debería auditarse de inicio a fin y no solo el día de las elecciones. Respecto al tercero, Bascopé dijo que si sólo el TSE se encarga de dar información a la OEA, entonces genera dudas razonables sobre el contenido de la auditoría.
Rivera explicó, sobre el cuarto punto, que ese acápite genera más dudas que certezas; ¿a qué acción o se considerará como “menoscabo de la soberanía del Estado e independencia del Órgano electoral”?
En el quinto elemento, Santisteban aseveró que “una auditoría debe realizarse para comprobar el cumplimiento de normas y detectar las irregularidades de un proceso administrativo. En materia electoral determina la comisión de delitos electorales y la nulidad de los actos, que en este caso proviene de la autoridad electoral”.
Respecto a la sexta observación, Delgado aseveró que el Gobierno podría dar por cerrado el convenio en cualquier momento, si es que ve que el resultado no le conviene.
En cuanto al séptimo punto, señaló que también se debe auditar la labor del TSE y procesarlos si hay irregularidades.
Santisteban aseveró que bajo la luz del estado de derecho, todos los actos del 20-O caen bajo la sombra de la nulidad absoluta, por tanto, ninguna auditoría podrá prescindir del cumplimiento de la CPE y las leyes.
Delgado dijo que “no procede ningún tipo de auditoría, porque no se puede convalidar ni hacer una auditoría sobre delitos, lo que pretende el gobierno es desmovilizar “ y aseguró que el único camino ahora sería la anulación de las elecciones.
10,57 por ciento, la diferencia. El MAS ganó las polémicas elecciones con 47,08% frente a 36,51 de CC, una diferencia de 10,57%.
PLANTEAN 10 PUNTOS PARA LA AUDITORÍA
Veintisiete expertos en temas políticos, analistas y estudiosos de diversas áreas plantearon 10 puntos para que la auditoría tenga credibilidad y profundidad.
Los expertos recomiendan que: debe tener garantes y observadores de diversos países, organismos y entidades académicas nacionales, designadas por partes involucradas en el conflicto. La auditoría debe ser amplia, integral, vinculante.
Además, se recomienda que si se encuentra irregularidades en el proceso electoral debe llamarse a segunda vuelta con los dos candidatos más votados. Pero si la auditoría prueba el fraude, las elecciones deben ser anuladas.
Los expertos solicitan que las auditorías deben cumplir y revisar de manera completa los sistemas informáticos y las medidas de seguridad. Además, piden que se audite el código fuente de todo el sistema informático.
Asimismo, instan a que se audite las imágenes digitales de las actas, que se evalúe la cadena de custodia de las actas, el padrón electoral, el conteo de la TREP y piden que el estudio sea en corto plazo.
GOBIERNO TIENE DOS VÍAS: ANULAR O LA REPRESIÓN
REDACCIÓN CENTRAL
El analista político, Rolando Tellería, aseveró que con el último conflicto “la política se ha trasladado a las calles” y que el pedido de la población pasó de una segunda vuelta a la anulación de las elecciones.
Aseveró que el gobierno no calcula que esa indignación es un potente articulador, que ya “volteó” muchos regímenes.
Dijo que en ese estado de cosas, para que la política deje las calles y retome los mecanismos formales, no existe otra salida que la de convocar, en el tiempo más breve posible, y con un Tribunal transparente, a nuevas elecciones. La auditoría a los resultados de las elecciones convenida con la OEA, en estos momentos del conflicto electoral, ya no tiene legitimidad.
En ese sentido, explicó que el Gobierno tiene dos caminos: anular las elecciones del 20 de octubre o recrudecer, al estilo venezolano, los mecanismos represivos y coercitivos. Esto último nos conduciría a la fase autoritaria del “proceso de cambio”.
