Sobreprecio en caso respiradores incluía “comisión” a funcionarios
El Ministerio Público develó ayer que un monto del dinero de la compra de respiradores tenía que beneficiar a un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud, entre ellos al exdirector jurídico, Fernando Valenzuela, y al exdirector ejecutivo de la
Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco.
Toda vez que la reserva del caso fue levantada, el Ministerio Público dio detalles de los avances de la investigación. Omar Mejillones, titular de la comisión de fiscales que lleva el caso, informó que la pesquisa tiene un 90 por ciento de avance.
Detalló que las declaraciones de Pau Sarsanedas, director de GPA Innova, la empresa que fabricó los equipos, y de Ignacio Mazarrasa, empresario de IME Consulting, la consultora intermediaria que adquirió los equipos, fueron fundamentales para esclarecer el caso.
El Ministerio Público indicó que GPA Innova vendió los 170 respiradores a un precio de 6.600 euros (7.426 dólares aproximadamente) por unidad, pero que los costos se incrementaron en el periodo de comercialización.
Los intermediarios habrían “desmantelado” los equipos para inflar los precios. GPA vendió los respiradores con kits completos, pero los intermediarios los registraron por partes para facturar los equipos en montos más altos.
“Lo que han hecho prácticamente es desmantelar el equipo, es decir, se ha vendido el ventilador pulmonar más su kit a 6.600 euros, lo que ellos han hecho es desmantelar los kit y poner a cada kit un precio, cosa de que alcance a los 28.080 dólares y ése es el monto que se hubiera facturado. Sin embargo, el kit, de acuerdo al contrato que se tiene, es uno solo, es decir, el monto total del ventilador pulmonar es 6.600 euros”, explicó.
La compra de los 170 respiradores debía tener un costo de fábrica de 1,2 millones de dólares, pero el Estado acordó la adquisición por 4,7 millones de dólares.
Agregó que el costo total por cada equipo tendría que haber llegado a un aproximado de 20 mil dólares, incluyendo la presunta repartija de 2.000 dólares por equipo entre los intermediarios Fernando Humérez - el “testigo clave”- y otras dos personas, pero se adquirió por 8.080 dólares de más, monto que presuntamente iban a repartirse los involucrados de este caso, todos funcionarios del Ministerio de Salud.
“A través de la investigación se ha establecido de que existiría esos montos de dinero que tendrían que ir repartidos para personal del Ministerio de Salud, todavía no hemos identificado los montos, a cuánto le correspondería a cada uno de ellos porque ellos no lo han señalado y no lo van a hacer, lo que es cierto es que el proceso de contratación estaba totalmente viciado”, indicó.
Además, los equipos fueron “reservados” con un pago de 250 mil dólares horas antes de que se inicie el proceso de adquisición -el 8 de mayo-, lo que demuestra que hubo un direccionamiento en la compra de los respiradores.
Sobre la participación del exministro de Salud, Marcelo Navajas, Mejillones dijo que tiene responsabilidad por haber direccionado la compra sin tener respaldo técnico.
Aseveró que los funcionarios implicados, aparte de Valenzuela y Pacheco, son el embajador de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja; dos funcionarias técnicas, y el exministro Navajas.
Mejillones aseveró que otro hecho que llamó la atención fue que la empresa IME Consulting nunca se dedicó al negocio de respiradores o importación de ese tipo de equipos y que su director, Ignacio Mazarrasa, indicó que no conoció el contenido del contrato de la compra de esos equipos.
ACUSADOS NO IMPLICARON A EMBAJADOR MOSTAJO
El embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, no fue implicado en las declaraciones de los acusados del caso respiradores, pero la Fiscalía lo volvió a convocar para la próxima semana porque la adquisición de estos equipos está relacionada con sus funciones como diplomático.
“Si bien el señor Mostajo como embajador debía tener conocimiento de estas negociaciones, en las declaraciones de testigos e imputados ninguno lo ha mencionado como partícipe de esta contratación, si se lo ha convocado a declarar es porque debería tener conocimiento, pero los testigos no lo han señalado en el proceso de contratación”, dijo el fiscal del caso, Omar Mejillones.
Mostajo viajó a EEUU la anterior semana y señaló que tenía la tarea de gestionar la llegada al país de 100 respiradores donados por el Gobierno de Donald Trump. Cancillería dijo que el embajador se declaró en comisión sin goce de haberes, pero luego retomó el cargo.
La Fiscalía pidió que Mostajo vuelva a declarar la próxima semana, por lo que solicitó la colaboración de la Cancillería.
La Fiscalía también informó que convocó vía Cancillería al funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Buscarons, para que declare sobre este caso.
Las investigaciones seguirán y no se descarta convocar a más personas.
