Asamblea de DDHH afín al MAS pide a Carvajal que entregue la sede
El nuevo presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), afín al Movimiento al Socialismo (MAS), Edgar Salazar, informó ayer que esa entidad se sumará a la denuncia internacional sobre las muertes en Sacaba y Senkata, violaciones a las garantías constitucionales y presuntos delitos suscitados durante la crisis de 2019.
El dirigente dijo que trabajará también durante su gestión en el pedido a la expresidenta de esa entidad, Amparo Carvajal, para que entregue la sede. Organizará, además, la institucionalización de los directorios departamentales, en de 90 días.
La nueva directiva, afín al MAS, expulsó a Carvajal luego de la toma de la dirección de la Apdhb.
“Desde el punto de vista de la Apdhb, tenemos ese deber, de manera coordinada con los familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba, de hacer la denuncia a la comunidad internacional para que conozca la verdad histórica”, dijo, en una entrevista en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia TV.
Señaló que la tarea se encarará porque dirigentes políticos tradicionales, en complicidad con Carolina Ribera, hija de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, en el exterior cuentan “la mentira de que en el país existe una persecución política contra la gente que usurpó en 2019”.
Manifestó que se precisa que el mundo conozca la verdad de los partidos políticos de oposición y sea informada sobre lo que realmente sucedió durante la ruptura del orden constitucional del país. “Creemos que eso es muy fundamental”, enfatizó.
Además, anunció que la Apdhb coordinará la aplicación de las recomendaciones efectuadas por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, para la reparación de los daños causados durante el “golpe” de Estado de 2019.
“Hay que trabajar en el tema de justicia, hay que trabajar con referencia al tema de algunas instituciones que están muy deficientes en el país, e indudablemente vamos a sumarnos y vamos a acompañar de manera incansable a nuestros hermanos de Senkata, Sacaba, Huayllani y El Pedregal, en el inicio de los juicios que correspondan por las masacres de Senkata y Sacaba”, agregó.
Cuestionamientos
Las delegaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Oruro y Tarija, además del Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), rechazaron el sábado la conformación de un directorio paralelo de afín al Gobierno.
El vicepresidente de Derechos Humanos de La Paz, Wilfredo Pomar, en contacto con la ANF, manifestó que el congreso se realizó sin la autorización de la presidenta de esa instancia, Amparo Carvajal, y fue convocado por personas identificadas con el partido de Gobierno.
“Nosotros sabemos que esta convocatoria es una forma que tiene el Gobierno para copar las instituciones contestarias. Además, se debe resaltar que esta reunión se desarrolló sin la autorización de la directiva nacional, tampoco se usaron las instalaciones de la Asamblea”, afirmó.
De esa misma forma, desde la representación de Tarija cuestionaron estas acciones que tienen intereses personales y partidarios por parte del Gobierno.
“La departamental Tarija expresamos nuestro enérgico rechazo al intento de cooptación de la Apdhb, aparentemente por intereses personales con trasfondo político partidario, siendo este uno más de los varios intentos y ataques a la única organización defensora de derechos humanos objetiva, imparcial e independiente de Bolivia”, señala el comunicado.
CAMPAÑA PARA NEGAR PERSECUCIÓN
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia del MAS, Edgar Salazar, defendió la legalidad del congreso donde fue elegido y anunció una campaña internacional para negar que en Bolivia existe una persecución política.
También harán conocer que la expresidenta Jeanine Añez se hizo del poder de manera “inconstitucional”, conforme a la narrativa del MAS sobre la supuesta existencia de un “golpe de Estado” contra Evo Morales en 2019.
“Vamos a contar la verdad histórica de lo que ha sucedido desde septiembre hasta diciembre de 2019”, dijo.
QUIEREN TOMAR TAMBIÉN LAS DEPARTAMENTALES
REDACCIóN CENTRAL
La directiva de derechos humanos afín al Gobierno, que fue conformada el viernes en la noche, decidió marchar sobre las oficinas regionales de los nueve departamentos además de la ciudad de El Alto. También el presidente de esta entidad paralela a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Edgar Salazar, ya adelantó que en varias regionales hay división, según el Deber.
“Hemos señalado que en el plazo de 90 días vamos a comenzar a trabajar en cada una de las asambleas. Tenemos que ser claros, existen profundas divisiones en algunas instituciones, en algunas asambleas departamentales, pero nuestros estatutos le dan el mandato al comité ejecutivo nacional o al nuevo directorio de poder realizar estos congresos en coordinación con nuestros activistas”, declaró Salazar en el canal estatal, Bolivia TV.
El directorio paralelo ya había anunciado antes que tomaría por la vía judicial el edificio de la Apdhb, en la ciudad de La Paz. Replica de se modo lo que hizo el Gobierno con el edificio de los cocaleros de Adepcoca en la zona de villa Fátima
Desde Tarija, la flamante presidenta de la organización, Yolanda Herrera, afirmó que al evento impulsado por Salazar solo asistieron tres oficinas departamentales y que no llegaron las asambleas de Beni, Tarija, Oruro, La Paz, Potosí y Cochabamba y la regional de Montero.