Siguieron a exjefe antidroga de Evo por 3 regiones y hay más implicados
Maximiliano Dávila, exjefe antidroga del Gobierno de Evo Morales, fue aprehendido en Villazón cuando intentaba salir del país rumbo a Argentina. El exjefe policial siguió rutas alternas por tres departamentos en su intento de pasar inadvertido. La Fiscalía investiga a otros uniformados y civiles implicados.
Dávila fue presentado a los medios y está sindicado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico, informó la fiscal Lupe Zabala, quien aseveró que hay más personas de su entorno que están investigadas.
Dos informes policiales apuntan a que Dávila tiene vinculación con el tráfico de sustancias ilícitas, según la fiscal, además del informe de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA), que lo implica en la red del expolicía Omar Rojas Echeverría, detenido en Colombia en un operativo multinacional y calificado como el “Pablo Escobar boliviano”, por la cantidad de droga que habría movido al país del norte.
La investigación además menciona a los bolivianos Jorge Roca Suárez (Techo ‘e Paja) y Alexander Rojas (exdirector de la Felcn y hermano de Omar Rojas). Una de las hermanas de Rojas Echeverría fue dirigente del MAS y concejal en Sacaba.
Junto a Dávila también fueron sindicados Rojas Echeverría e Ignacio Angus Nieto, según la resolución de aprehensión.
Dávila fue detenido en Villazón y luego trasladado a La Paz por tierra. Llegó cerca de las 15:00 del domingo bajo una fuerte custodia policial.
En su primera declaración ante la fiscal Zabala, Dávila se acogió al silencio.
La fiscal aseveró que se investiga a todo el entorno de Dávila y a sus principales allegados, para verificar el grado de relación con las actividades de Dávila.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Dávila siguió rutas alternas por Cochabamba, Oruro y Potosí, por las localidades de Challapata, Uyuni, Atocha y Tupiza para llegar hasta Villazón y de ahí salir a Argentina.
Aseveró que hay otras personas que podrían estar vinculadas, pero aseveró que los delitos “son a título personal y que las investigaciones determinan las acciones que se van a realizar”.
Acotó que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Embajada de Estados Unidos “mayor información sobre el caso denunciado por la DEA”, para contrastar la información.
Iván Lima, ministro de Justicia, aseveró que el caso será llevado en el marco competencial del debido proceso y que se respetarán los derechos de los implicados. Dijo que su despacho hará seguimiento del caso.
La Fiscalía pidió informes a la ASFI, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y otras entidades para establecer el patrimonio del sindicado y tener el dato preciso de sus movimientos bancarios.
La Fiscalía allanó cuatro inmuebles; dos en Cochabamba y dos en Santa Cruz, en el marco de las investigaciones por el caso Dávila. En Santa Cruz se allanó una casa en la zona de Barrio Lindo, donde no se realizó ningún secuestro toda vez que otras personas la estarían habitando; en otra vivienda, ubicada en la zona Chacarilla de la capital cruceña, se secuestró computadoras, seis celulares, una memoria USB, un vehículo marca Suzuki, entre otros materiales.
La Fiscalía señaló que esta vivienda estaría relacionada con Omar Rojas Echeverría.
El tercer y cuarto allanamiento se realizaron en la zona Zarco, en el pasaje Gandarillas, en Cochabamba, donde se encontró una escopeta de doble cañón, 14.000 dólares y un vehículo. También cuatro celulares, dos tabletas, dos laptop y varios documentos.
Los dos informes policiales que implican a Dávila fueron emitidos la anterior semana y la Fiscalía emitió la aprehensión el viernes, 24 horas antes de que Dávila intentara salir del país.
Dávila fue jefe antidroga en el último periodo de Morales en el Gobierno. Luego, cuando el MAS retornó al poder, en noviembre de 2020 fue designado como Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, cargo que ejerció hasta marzo. Según la oposición estuvo fuertemente vinculado a Morales.
Durante el periodo de Gobierno transitorio, Dávila afirmó que había más de 50 dirigentes del MAS investigados por temas de narcotráfico.
4 Allanamientos fiscales
La fiscalía allanó 4 inmuebles en dos departamentos buscando información sobre Maximiliano Dávila.
GOBIERNO ASEGURA QUE NO PROTEGERÁ
Voceros oficialistas aseguraron que el Gobierno no protegerá a nadie y que pedirá una investigación exhaustiva de Maximiliano Dávila y otros presuntos implicados en narcotráfico.
“No se va a encubrir a ninguna persona que ha cometido delitos, que se atengan a las consecuencias de la justicia”, dijo el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
El diputado del MAS, Juanito Ancieta, aseveró que este hecho se debe investigar pero pidió no involucrar al expresidente Evo Morales, porque los delitos son personales.
PIDEN INVESTIGAR A TODOS LOS IMPLICADOS EN NARCO
La oposición pidió al Gobierno que investigue a todos los altos cargos policiales y a otros implicados en narcotráfico, luego de la aprehensión del exjefe antidroga Maximiliano Dávila.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes aseveró que los “peces gordos” del narco caen por investigaciones de “verdaderas instituciones” como la DEA y que en Bolivia el Gobierno debe intensificar los operativos y trabajar con seriedad en la lucha contra el narcotráfico.
El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Svonko Matkovic (Creemos), dijo que la justicia debe llegar al fondo e investigar a todos los funcionarios de gobierno implicados.
En su momento, el narcotraficante Pedro Montenegro, extraditado a Brasil en noviembre de 2019, aseveró en una carta pública que será la DEA quien “sepa qué hacer” con Maximiliano Dávila, porque en Bolivia no hay justicia.
Según la investigación de la DEA, Dávila era apodado “Macho” y tenía altos contactos con personeros de Gobierno.
El “Macho” fue un jefe policial que se sostuvo en sus funciones, a pesar de las denuncias que recibió. El narcotraficante Pedro Montenegro, extraditado a Brasil; el coronel Gonzalo Medina, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, y el empresario Wilson Sahonero, propietario del sensacionalista La Voz, son algunas de las personas que lo acusaron.
Según datos preliminares, el juez cautelar de Dávila será Elmer Laura Picavia. Se espera que la justicia fije hora de su audiencia.
