Cuestionan que la Defensora del Pueblo ocupe el cargo tres años de forma interina
Después de que senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron un proyecto de ley para iniciar el proceso de selección y designación de un nuevo defensor del pueblo, los legisladores de oposición piden dar celeridad a este proceso y cuestionan que la actual defensora del pueblo, Nadia Cruz, se haya mantenido tres años en el cargo de forma interina y además la acusan de parcializarse con el partido de Gobierno.
“Es un interinato demasiado prolongado (…). No es una defensora del pueblo; ella es una operadora del Gobierno. Tenemos urgencia de tener un defensor del pueblo que tenga méritos, que no tenga adhesión política, que defienda a los ciudadano y no al MAS”, dijo la senadora de Creemos Centa Rek.
Para el diputado de Comunidad Ciudadana Óscar Balderas, el interinato de Cruz no debería haber durado más de 90 días, por lo que considera que su designación es irregular.
“Nadia Cruz accedió al cargo a través de un interinato, y eso tiene que ver con una elección no legítima. Nadie la conoce, nadie sabe el perfil que tiene. Esta señora ha promovido la división y nunca ha hecho un cumplimiento exacto de los preceptos constitucionales Ley 870 de la Defensoría del Pueblo, para defender promover y difundir los derechos humanos”, indicó.
Desde el año pasado, la oposición presentó proyectos de ley para designar a un nuevo defensor del pueblo, pero la bancada del MAS no los tomó en cuenta. Ahora, la nueva propuesta de ley para su designación no es de conocimiento de la bancada de la oposición. “Esa propuesta de ley es un documento en reserva, oculto, no sé por qué no lo conocemos. Eso nos preocupa porque el proceso debe hacerse en el marco de la Constitución Política del Estado, para garantizar la imparcialidad en la selección del defensor del pueblo”, manifestó Rex.
Balderas considera que el proceso de selección de un nuevo defensor del pueblo debe realizarse lo antes posible y tener a un nuevo funcionario en el cargo en unos 90 días. “Es una obligación que podamos encontrar una salida concertada para que la persona más idónea en el marco del conocimiento de los derechos humanos pueda conducir esta institución, que además dé garantía, confianza y certeza a la población de que sus derechos no van a ser vulnerados. Creo que es fundamental, aquello”, indicó.
El diputado indica que el nuevo defensor del pueblo no debe estar vinculado a un cargo político por lo menos 10 años antes a su postulación, para que la institución tenga neutralidad y no esté sometida al poder político partidaria que limite su accionar institucional. “Durante tres años, el MAS abusó de esta institución, y hay preocupación en la bancada opositora de que en este proceso de selección se repita aquello”, dijo.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi dijo que el nuevo defensor del pueblo debe tener un perfil para defender los derechos fundamentales de los bolivianos y no responder a ningún interés partidario ni sectorial.
Señaló que si bien la designación de la autoridad requiere de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), si hay un candidato idóneo y con las características mencionadas, podría ser elegido por unanimidad.
El defensor del pueblo ejerce funciones por seis años, sin posibilidad de nueva designación.
Esta institución fue introducida en las reformas constitucionales de 1994.
LA DESIGNACIÓN SE DEBE CONSENSUAR
Los legisladores del MAS presentaron el miércoles un proyecto de ley para iniciar el proceso de selección y designación del defensor del pueblo. Pero la bancada no tiene los dos tercios y deberá consensuar con la oposición la ley y la designación del nuevo defensor.
El artículo 161 de la Constitución Política del Estado la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene la función de designar al defensor del pueblo. Y el artículo 221 establece que el Defensor del Pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes de la ALP y requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público, entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
