Ya son cuatro los aprehendidos por el “caso Zúñiga”; uno está prófugo
Las investigaciones por el intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024, liderado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, han dado un nuevo paso con la aprehensión de un cuarto implicado en las últimas horas. Las autoridades confirmaron que, de los cinco mandamientos de aprehensión emitidos, cuatro ya se ejecutaron, mientras que un quinto sospechoso permanece prófugo, aunque se espera su captura en breve.
El detenido más reciente fue trasladado desde Tarija hasta La Paz, donde quedó a disposición de la Fiscalía para rendir su declaración informativa. Aunque su identidad no ha sido revelada oficialmente, fuentes cercanas al caso sugieren que podría tratarse de un militar en situación de retiro. Según información del aparato estatal, este individuo habría desempeñado un papel relevante en la planificación de la asonada militar que conmocionó al país hace poco más de un año.
Entre los ya aprehendidos figuran el abogado Jorge Valda, el general retirado Marco Bracamonte y Bismarck Imaña, quienes ya declararon ante el Ministerio Público. Valda, en particular, enfrenta un proceso judicial acusado de “alzamiento armado en grado de complicidad”. Su defensa intentó sin éxito conseguir su liberación mediante una acción de libertad, que fue denegada por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Sus abogados anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional, argumentando supuestas violaciones a sus derechos.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que las investigaciones avanzan con firmeza y que no se descartan nuevas citaciones a declarar, aunque por el momento no se prevén más detenciones. “Hay una sola persona que permanece prófuga, y confiamos en que será capturada pronto”, declaró. Además, reveló que Valda habría admitido haber recibido un documento titulado “Fundamentación”, el cual contenía el discurso que Zúñiga planeaba pronunciar tras autoproclamarse presidente.
El caso sigue marcado por el hermetismo de las autoridades, que han evitado dar mayores detalles sobre las pruebas reunidas. Sin embargo, se ha enfatizado que las evidencias son sólidas y que el proceso judicial busca esclarecer hasta qué punto existió una red civil y militar detrás del intento de golpe.
Mientras tanto, el impacto político del caso sigue resonando. El fallido alzamiento del 26 de junio de 2024 no solo puso en evidencia tensiones al interior de las Fuerzas Armadas, sino que también reavivó debates sobre la estabilidad institucional del país. Con las detenciones en curso y las declaraciones de los implicados, se espera que en las próximas semanas se revelen nuevos detalles sobre este episodio que aún divide opiniones en Bolivia.
Más allá de los procesos judiciales, el caso Zúñiga ha dejado una huella profunda en la historia reciente del país, y su resolución marcará un precedente en la manera en que Bolivia enfrenta los intentos de ruptura del orden constitucional.
