La fundación en retroceso
La Fundación Cultural del Banco Central cuenta en la actualidad con ocho centros y repositorios, si bien es parte de la estructura del Banco Central de Bolivia, la Fundación es una institución descentralizada, con autonomía administrativa técnica y financiera, un modelo en construcción, que podría dar luces al mejoramiento de prácticas institucionales estatales para la gestión pública de la cultura.
Todo lo que la Fundación preserva —archivos, obras artísticas, entre otras— es patrimonio de los ciudadanos y parte de su memoria social. Quienes administren este patrimonio deben tener clara la diversidad social y cultural y desde su gestión deben garantizar en el libre acceso para que todos los ciudadanos puedan disfrutar y beneficiarse de sus servicios, de sus contenidos y de todo lo que allí se produce y preserva.
El nuevo presidente de la Fundación ha declarado que el objetivo de esta nueva gestión es reestructurar la institución, argumentando que la gestión anterior ha sido “centralista” o ha respondido a la “comprensión de cultura del anterior régimen”, desconociendo el trabajo sistemático que se ha venido realizando para convertirse en una institución que reconoce la diversidad cultural y el diálogo intercultural y pone en valor “el patrimonio cultural tangible e intangible bajo responsabilidad de sus repositorios”.
Se entiende por esto que el gobierno transitorio no considera que los cambios estructurales de las instituciones públicas deben ser realizados en un escenario gubernamental legítimo, por un gobierno electo que establezca una planificación política que garantice la estabilidad y cumplimiento de las funciones de las instituciones.
En este sentido, realizar cambios en cargos directivos y renovar los estatutos de la Fundación, durante este gobierno de transición, presenta dos problemas fundamentales: el primero, porque obstaculiza las gestiones hacia la democratización de la cultura, a partir de la promoción, la investigación y la creación, entre otras acciones. Esto entorpece las labores de los centros culturales y repositorios de posicionarse con y para la sociedad como bienes comunes públicos.
El segundo, al no haber considerado que tres de los siete consejeros de la FCBCB han sido designados por el eliminado Ministerio de Culturas, su vigencia como autoridades se encuentra en medio de un vacío legal, por lo que la toma de decisiones de cualquier tipo de cambio estructural no puede ser ética.
Esta aceleración en la búsqueda de una renovación de La Fundación es otra muestra del gobierno transitorio que desconoce el valor de las instituciones culturales bolivianas.
