Misicuni, sin límites a la arbitrariedad
Poco a poco se va abriendo paso en la consciencia colectiva --incluso en las filas oficialistas-- la necesidad de poner algún límite a la arbitrariedad con que se ejecuta la obra más importante de Cochabamba
Como si las pésimas noticias que cotidianamente provienen del Proyecto Misicuni no fueran suficientes para colmar la paciencia de Cochabamba y sus habitantes, durante los últimos días se ha dado una muestra más de la pésima manera como esa obra está siendo ejecutada y de la irresponsabilidad de sus principales ejecutivos.
Esta vez no ha sido una nueva ampliación de los plazos fijados por el cronograma del avance de la obra ni un nuevo incremento millonario del presupuesto, asuntos que ya son rutinarios, sino la adquisición de pólizas de seguro en directo beneficio de 37 funcionarios públicos de la Empresa Misicuni, por parte de la empresa china Camc Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch (Camce).
El caso, que en circunstancias normales sería en sí mismo escandaloso y tendría que dar lugar a una muy severa acción fiscalizadora, se ha visto agravado por la tenacidad con que algunos miembros de las filas oficialistas en la Asamblea Legislativa Departamental intentaron impedir que el presidente de la Empresa Misicuni informe sobre el tema. Lo hicieron recurriendo a los más pueriles argumentos.
El presidente de la Asamblea Departamental, por ejemplo, llegó al extremo de esgrimir el Artículo 142 de su Reglamento General que señala: “En una legislatura no se podrá solicitar más de un informe sobre un mismo tema, salvo, que existan nuevas circunstancias que lo justifiquen con el voto de la mayoría absoluta”, con lo que no hizo más que poner en evidencia su intención de mantener a los ejecutivos de Misicuni lejos de la vigilancia de la sociedad y sus instituciones.
Felizmente, ante lo indefendibles que eran esos argumentos, y también porque hubo en la bancada del MAS honrosas excepciones, quienes trataron de impedir el acto fiscalizador tuvieron que ceder y contra su voluntad convocar a los representantes de Misicuni para que den las explicaciones correspondientes.
De muy poco sirvió, sin embargo, el acto fiscalizador, pues fue tomado por el presidente de la Empresa Misicuni con poca seriedad. En tono burlón, haciendo gala del profundo desprecio que al parecer siente por la inteligencia y la dignidad del pueblo cochabambino, y también por las leyes y normas que ponen límites a la arbitrariedad de los funcionarios públicos, el principal responsable de la ejecución del proyecto sencillamente se negó a responder muchas de las preguntas que le fueron planteadas. Así, una vez más, demostró que no se siente obligado a rendir cuentas de sus actos.
De cualquier modo, y a pesar del esmero con que –desde diferentes instancias del aparato estatal– se ponen trabas a cualquier acto fiscalizador de los actos de la Empresa Misicuni, poco a poco se va abriendo paso en la consciencia colectiva –incluso en las filas oficialistas– la necesidad de poner algún límite a la arbitrariedad con que se está llevando a cabo la obra pública más importante de nuestro Departamento.
Mientras tanto, sólo cabe esperar que no pase mucho tiempo antes de que la fuerza de los hechos y la verdad termine por imponerse por sobre los malos manejos, la falta de transparencia y la impunidad.
