La paulatina debacle de las pensiones públicas

LONDRES – Si los países desarrollados actuaran con racionalidad y en el interés de electorados que comprendieran cómo se gasta el dinero que pagan en impuestos, fijarían la edad de jubilación para sus pensiones públicas a los 70 años o más. Pero la mayoría tiene edades de jubilación por debajo de esta marca y, a pesar de ciertos avances, tomará décadas antes de que lleguen a ella. Mientras tanto, los estados de bienestar occidentales seguirán siendo inviables en lo financiero y propensos a sufrir dificultades económicas y tensiones políticas.

El envejecimiento demográfico es el equivalente social y económico del cambio climático: un problema que todos sabemos que hay que enfrentar, pero de cuya solución preferiríamos que se encargaran las futuras generaciones. Es comprensible el impulso de postergar las cosas, considerando los actuales problemas económicos y políticos; pero cuando se trata de las pensiones públicas, la postergación tiene un alto coste, incluso más que en el caso del calentamiento global.

En 1970, la edad promedio de jubilación efectiva para los trabajadores varones franceses era los 67 años, más o menos la misma esperanza de vida masculina que había en ese entonces. Hoy, la edad de jubilación efectiva en Francia está un poco por debajo de los 60 (la edad oficial de jubilación son los 65 años, pero en la práctica es posible acceder a las pensiones públicas mucho antes), incluso si la esperanza de vida masculina se acerca a los 83 años.

No es de sorprender que Francia gaste el equivalente a cerca de un 14 por ciento de su PIB en pensiones públicas al año. La jubilación temprana es incluso más costosa para Italia, que se encuentra a la cabeza del gasto de los países de la OCDE en pensiones públicas, con cerca de un 16 por ciento de su PIB al año.

En su conjunto, 13 países de la OCDE (incluidos Japón, Alemania, Polonia y Grecia) destinan el equivalente a un 10 por ciento o más de su PIB a pensiones públicas cada año. En esencia, estos y otros países toman dinero de los contribuyentes activos para destinarlo a los jubilados.

Cuando en 1889 el canciller alemán Otto von Bismarck creó el primer régimen previsional legal del mundo, fijó en los 70 años la edad de elegibilidad; se esperaba que pocos sobrevivieran esa edad para disfrutar de los beneficios, y ciertamente no por muchos años. Hoy, los italianos que jubilan a un promedio de edad de 61 o 62 años pueden esperar recibir sus pensiones durante varias décadas y, en algunos casos, por casi tantos años como trabajaron.

En tiempos en que cerca de un quinto de la población de los países avanzados supera los 65 años (proporción que se espera llegue a un tercio), el gasto en pensiones públicas irá erosionando gradualmente otros gastos públicos. Más aún, a menos que haya una milagrosa recuperación del crecimiento económico será más difícil reducir los niveles de deuda pública, algo que las actuales políticas de pensiones hacen más improbable a cada año que pasa.

No es meramente un asunto de cómo tratamos a los adultos mayores. Los ingresos tributarios que se transfieren a los jubilados se podrían haber invertido en infraestructura, educación, investigación científica, defensa y todas las demás causas urgentes que los políticos dicen apoyar. Los pensionistas gastan el dinero que reciben, por lo que no son ingresos que se pierdan, pero se podrían gastar de mejor manera para impulsar el crecimiento económico.

Los países desarrollados han ido elevando gradualmente sus edades de jubilación, pero los sindicatos y las asociaciones de pensionados presionan fuertemente en contra de estas medidas. De hecho, en 2014 la coalición de Gobierno de Alemania cedió a las presiones de los sindicatos y, de hecho, redujeron la edad de jubilación para algunos trabajadores manuales, a pesar de sermonear con frecuencia a otros países de la eurozona para que hicieran lo contrario.

Más allá de las presiones, cierta mitología sostiene el actual sistema: la creencia de que mantener a las personas mayores en la fuerza de trabajo agrava los problemas de desempleo. No es así, y los economistas llaman a esto la “falacia de la carga de trabajo”: la idea de que dar pensiones libera espacios de empleo para los jóvenes, como si se tratara de una cantidad fija de puesto de trabajo que repartir. En realidad, mientras más gente gane un salario, consuma y pague impuestos, más crecerá la economía. Retrasar la edad de la jubilación no quita empleos, sino que los crea.

Entre el 29 y el 31 de agosto, moderé el Foro Mundial sobre Demografía y Envejecimiento en St. Gallen, Suiza, donde los asistentes llegaron a una clara conclusión: aunque contamos con datos cada vez más abundantes y sofisticados conocimientos sobre las tendencias futuras de la población, nos quedamos muy cortos en cuanto a capacidad de concertar acciones para abordarlas.

La política pública es una parte del problema, pero el comportamiento corporativo ha sido un obstáculo todavía mayor a la adopción de reformas de sentido común al sistema de pensiones. Para comenzar, las estructuras corporativas de salarios y ascensos tienen un sesgo hacia la jubilación temprana, porque las compañías tienden a tratar de deshacerse de los trabajadores más antiguos cuando necesitan reducir costes. Incluso las compañías orientadas al “mercado plateado” (los consumidores de la tercera edad) apenas han comenzado a desarrollar prácticas de empleo favorables a las personas de edad.

La lentitud de la recuperación posterior a la crisis de 2008 ha oscurecido la realidad de largo plazo que hoy enfrentan los países desarrollados. Todo país cuyo sistema de pensiones le exija transferir miles de millones de dólares a los ciudadanos para financiar décadas de jubilación se arriesga a sufrir una quiebra o, en el mejor de los casos, un estancamiento económico. Hoy en día, una de las tareas más urgentes para los Gobiernos, las compañías y las personas es reconsiderar la duración y la forma de nuestras vidas laborales.  

El autor fue editor en jefe de The Economist.

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