Focas/Fondioc: Imposturas en tiempos de sequía

Columna
Publicado el 24/11/2016

Retorno a estas lides y, Desde el Faro, no me sumo al tsunami de  tinta, comentarios y legítimo reclamo por la súbita pesadilla colectiva provocada por la carestía de agua. Sin embargo, con ese sentimiento de impotencia contagiante, cuestiono airadamente  la doble moral gubernamental  cuando,  por un lado practica y por otro,  condena las  transferencias públicas a privadas de recursos del Estado. Y es que la penalización de este tipo de transferencias es el argumento central de la acusación contra Samuel Doria Medina y otras autoridades por decisiones políticas adoptadas hace más de 25 años a propósito del  bullado caso Focas/Fundapro. Los creyentes en la “refundación del país” no quieren  ni pueden entender las “condiciones objetivas ni subjetivas” (uso sus términos) que rodearon la inédita, urgente y bien recibida condonación de 300 millones de dólares  por parte de los EEUU,  a cambio de crear Fundapro y otorgarle un crédito de 20 millones de dólares para apoyar a pequeños productores ¡Es esta la transferencia antipatria que provocó un gravísimo daño al Estado! ¡A ese “daño” se habría sumado el inaceptable interés del 1por ciento concesional!  Similar al actualmente aplicado a millonarios créditos estatales a empresas públicas, muchas de ellas con dudosos resultados respecto a su situación económica, rentabilidad y capacidad de pago.  

 Abundan  los argumentos legales y de sentido común que pulverizan la batería discursiva de esta maniobra acusatoria que deriva en dilaciones, suplicio y abuso de poder. Frente a la vehemencia de los torquemadas de vocación, pregunto: ¿acaso el Fondioc no se basa  también en un modelo que transfiere recursos públicos a actores privados?  La misma pregunta aplicaría al generoso Prosol cuyo objetivo final sería  apoyar la producción de campesinos tarijeños, objetivo comparable al propuesto los años 90.

Por sus fines y objetivos, no habría razón para condenar ninguno de estos programas. Los nubarrones aparecen a la hora de comparar su manejo y resultados. Se sabe que Fundapro multiplicó la semilla de esos 20 millones transferidos en calidad de préstamo, garantizando su sostenibilidad en el tiempo. Otra es la corta historia del Fondioc,  cuya corrupción lastimó irreversiblemente la reputación de la dirigencia de indígenas originarios y campesinos y que aún nos golpea con sus obras fantasmas. Por otra parte, las preguntas sobre los resultados del Prosol surgen al evidenciar la falta de evaluaciones externas y de rendición de cuentas de los propios beneficiarios.

Con distinto fin, se tienen a las cuestionables trasferencias de  una buena parte de recursos del programa Evo Cumple destinados a sedes sindicales y a la donación de vehículos para la dirigencia de  organizaciones  alineadas políticamente al “instrumento político”. El cherry de la torta resultó ser el turismo político social y sindical (no de servidores públicos)  so pretexto de una  “diplomacia de los pueblos” que no es otra cosa que el encuentro de organizaciones sociales y dirigencias leales o cooptadas por el populismo clientelar. 

Responda el lector: ¿qué hace que los  decretos  que autorizan  el financiamiento público de viajes de  los militantes del MAS o que adjudican millonarias obras sin licitación  desde el año 2006 estén libres de toda sospecha, mientras que otro, destinado a promover la producción, haya despertado tan  ridícula imputación?

Cada día crece la idea que los “beneficios” de la dirigencia de los mal llamados movimientos sociales constituyen los nuevos “gastos ocultos” para no decir “reservados” o una curiosa forma de financiar actividades partidarias. No es casual que, según el Latinobarómetro 2016, Bolivia sea el único país que coloca la corrupción como el primer problema a encarar.  A la impostura se suman las “ies” de un noviembre que desnuda incompetencia e improvisación  gubernamental y de una dirigencia social a la que, como a los cuestionados gobernantes del pasado,  la gente ya no respeta y comienza a repudiar. 

 

La autora es psicóloga, cientista política y exparlamentaria.

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