Rebaja

Mientras algunos tratan de que la agenda del 2017 se centre en lo político, en buscar caminos que nos lleven a que este año sea electoral, hay una realidad que cada vez se hace notar más y será sobre la que los bolivianos nos pongamos a dialogar con seriedad.

Todos conocen que la baja del precio del petróleo nos afecta. También se sabe que el precio del barril de ese combustible fósil tardará en estabilizarse y por tanto el ingreso de divisas será menor en los próximos meses. Esto obliga a asumir medidas en las que se tenga en cuenta la decisión brasileña de pedir menos gas, por lo menos hasta después del tiempo de lluvias.

El gobernador del Beni, Alex Ferrier, ha sido el primero en manifestarse con una medida que no es popular; la rebaja de salarios en la administración que está a su cargo. Su propuesta que incluía la disminución de su salario en un 20 por ciento no fue acompañada por los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental, que al ser la instancia donde se aprueba el presupuesto, decidieron mantener el salario del Gobernador lo que les permite a ellos seguir ganando lo mismo que en el 2016. Una decisión que no es solidaria con el resto de los funcionarios.

La decisión de Ferrier fue justificada porque con ella se podrá mantener empleos, lo que permite que familias tengan un ingreso durante los próximos meses.

Otra forma de ver el problema de la economía --de la realidad-- es la posición del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Mitma, quien considera pedir un incremento salarial de entre el 15 al 20 por ciento para los trabajadores del país. Algo que pondrá en aprietos al Poder Ejecutivo que ya viene con problemas de déficit.

La inflación fue del 4 por ciento entonces corresponde incrementar el salario en igual proporción, si es que queremos que haya estabilidad laboral y se pueda sortear –sin traumas– lo que ya está anunciado como un año económicamente complicado.

El Gobierno de Morales impuso la norma de anunciar los incrementos salariales el 1 de mayo de cada año, con efecto retroactivo a enero de la misma gestión. Esta práctica es contraproducente, pues la gente necesita saber qué pasará. Lo lógico es que al estar aprobado el Presupuesto General de la Nación, los ingresos previstos, se apruebe lo antes posible el incremento o no del salario.

Los trabajadores no medirán con la lógica gubernamental, lo harán en función a lo que precisan para satisfacer sus necesidades que no estará en función del índice del 2016 y si de los últimos meses de la actual gestión. Por ello el Poder Ejecutivo debería aprovechar el mensaje que Morales dará a la nación a fines de enero para anunciar su política salarial.

Así los empresarios, las empresas estatales estratégicas, los gobiernos municipales y el propio Gobierno, tendrán una guía clara para proyectar sus inversiones, desarrollar planes; y el ciudadano común, el microempresario, programar sus finanzas en función a lo que compone para unos el mayor coste de funcionamiento y otros la manutención de la familia.

El decretar el incremento salarial, cualquiera sea el porcentaje, en mayo complica el flujo de caja de  todos pues deben sacar de dónde sea para cubrir el desfase.

En ese sentido, la decisión tomada por el Gobernador del Beni y la aceptación de los funcionarios, es una demostración de que se puede llegar a acuerdos en función de un objetivo que al final, aunque no ideal, permite trabajar. Lo que no se debe imitar es la actitud de los asambleístas benianos porque el sacrificio debe ser de todos, sin privilegiados.

El autor es  periodista.