La justicia, las políticas públicas y la infancia

En los casi 11 años que Evo Morales está en el Gobierno se han aprobado cientos de leyes, exactamente 809, y las conocidas deficiencias en la administración judicial boliviana, muestran que, al parecer, es más fácil legislar que aplicar justicia. Esta realidad ha llevado a una cumbre nacional que ha dado, principalmente, dos puntos a analizar.

Primer punto es la razón de la participación de representantes de la sociedad en la Cumbre Nacional de la Justicia. Una participación masiva de organizaciones sociales y, muchas, afines al partido de gobierno, según ANF, que llegó al 73%; mientras que el porcentaje restante estuvo inicialmente integrado por juristas y personas expertas y de la academia, que molestas algunas abandonaron el encuentro.

Cuando se trata de definir políticas públicas, en este caso la administración de Justicia, es imprescindible que la sociedad, sus organizaciones y los diversos sectores implicados tengan representación. Inclusive las personas privadas de libertad (con sentencia o a la espera de ella) tendrían también algo que decir, así como las víctimas y la gente que sufre una administración de justicia deficiente. 

Entre las víctimas, que son abrumadoramente numerosas, están las mujeres. La cumbre debía tener representación no sólo femenina, sino feminista para garantizar una nueva administración judicial con un enfoque de género, con todo el aprendizaje y modificación de categorías mentales machistas que hoy marcan la administración de justicia.

Es que se trata debates y decisiones sobre políticas democráticas, no políticas tecnocráticas; aunque, por supuesto, los juristas también debían participar activamente y no verse obligados a marchar. Y que se trate de políticas públicas y democráticas no quiere decir que sean políticas partidistas, como se denuncia que ocurrió. Y para ser políticas democráticas tampoco deben ser políticas patriarcales. No velar sólo porque no sean políticas coloniales porque discriminación e injusticia no sólo la sufren las personas por su color de piel o su pobreza, sino también por sus ideales políticos y por su género.

El segundo punto se refiere a la ampliación de sentencias como garantía de justicia, para el caso de pedofilia con asesinato de la víctima. Esto implica la modificación de la Constitución Política del Estado. Se ha advertido, en varios medios, que en realidad se busca un argumento para revisar la CPE e introducir enmiendas para prolongar el Gobierno de Morales, actualmente impedido de volver a ser candidato.

El abuso sexual a infantes o menores de edad, la trata de niños y niñas, es parte del patriarcado ya que corresponde a una visión de poder masculina sobre personas consideradas puras y de más fácil control. Es además un negocio global que mueve 20.000 millones de dólares en el mundo y es, también, un tema del que se habla poco y del que el Gobierno actual poco o nada hizo pese a las innumerables denuncias que se han conocido en el país.

Entre las leyes aprobadas en los últimos años, algunas son del área penal como la Ley 348, que “garantiza a las mujeres una vida libre de violencia”, y son buenas o positivas; pero su aplicación es inclusive deplorable ya que la estructura judicial y policial está muy debilitada por la corrupción, no tiene recursos y se mueve de manera normalizada a base de coimas, además de ser machista y no estar adecuadamente formada. ¿Qué garantiza que en los casos de violencia sexual contra infantes, gran parte niñas, se cumpla la ley?

Un Estado, cuanto más enfoque social tiene en sus políticas, menos sanciones aplica porque centra su atención en la prevención y no en el castigo, además de contar con una estructura judicial fiable, con recursos y preparada. Aquí se deben centrar los esfuerzos, no en modificar la CPE, si es que no se trata de un pretexto. Y que para ello se utilicen a niños y niñas víctimas sería hipócrita y perverso.

La autora es periodista.

Twitter: @DrinaErgueta