Evaluar: ¿temida palabra en política educativa?

La política educativa requiere ser evaluada. No es suficiente contar con buenas políticas discursivas, sino con políticas bien gestionadas. Parte sustancial de ello es la evaluación

Si no puedo demostrar que una decisión de política educativa produce el efecto deseado, no puedo presumir que lo estoy haciendo bien. Así de simple. Demostrar, dicen los especialistas, significa contar con evidencia empírica. No es describir la experiencia, obtener fotografías, publicitar obras. No. Tener evidencia implica probar con una metodología de investigación rigurosa que la política educativa está produciendo, en determinado grado, los efectos esperados.

En un reciente Taller de Evaluación de Experiencias Innovadoras de Educación Secundaria, realizado en Panamá, delegados de los ochos países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) reconocieron que la palabra evaluación produce, en sus ministerios, temor y resistencia. ¿Por qué? Porque el término está asociado a la censura, a la reprobación, al cuestionamiento… El propio sistema educativo, con sus pruebas y exámenes, ha sembrado la idea de que la evaluación es un sistema de castigo, de sanción…

Por eso, tal vez, se evalúa poco. Evaluar es un proceso, con frecuencia, ausente de la gestión de las políticas educativas. Buscar “evaluación” en los sitios web de los ministerios de Educación lleva, casi exclusivamente, a referencias sobre pruebas y exámenes y a las calificaciones que se obtienen. La sección de publicaciones casi no muestra documentos de investigación evaluativa. Invito al lector a hacer la prueba. Eso sí, encontraremos muchos informes periódicos de rendición de cuentas, que publican los “logros” anuales. Entrecomillo la palabra, porque así se considera la provisión de los insumos del proceso educativo: construcciones, textos, eventos, entregas de computadoras… Eso está bien, sin duda. Los ciudadanos tienen que saber que sus autoridades están trabajando. Lo discutible es que usen el término “logros”, para informar sobre acciones que son, solamente, el cumplimiento de las responsabilidades del Estado como garantes del derecho a la educación. Que la opinión pública lo sepa, claro, es importante.

Las autoridades tienen que comprender que, además, existe una rendición de cuentas ante sí mismos. Tal como suena. No necesariamente ante el resto, sino ante el núcleo que toma decisiones de política pública para alcanzar determinadas metas. Si quiero saber si la decisión de que ciertos contenidos de los programas de estudio se adopten localmente, tengo que evaluar. Es decir, tengo que investigar con estrictez si los estudiantes están desarrollando las competencias que se espera de ellos, gracias a esa disposición. Bueno, esto es algo diferente a saber, solamente, cuántos talleres de capacitación se han realizado y cuántos docentes han participado en ellos ¿verdad?

Esta rendición de cuentas ante uno mismo debe contar con suficientes elementos analíticos para saber si tengo que modificar algo en la decisión que tomé. O, tal vez, si tengo que cambiar la decisión porque no da resultado en la medida esperada.

La política educativa requiere ser evaluada. No es suficiente contar con buenas políticas discursivas, sino con políticas bien gestionadas. Parte sustancial de ello es la evaluación. La experiencia ha enseñado que las políticas, planes, leyes… suelen ser piezas académicas innovadoras muy acabadas. El verdadero desafío es traducirlas en decisiones operativas consecuentes. Me atrevo a aventurar que la implementación de muchas de las políticas que reflejan nuevos conceptos de la sociedad y del desarrollo humano, podrían seguir aplicando los viejos esquemas de gestión que los nuevos principios adoptados cuestionan. Para muestra, un botón: la inclusión educativa, la equidad, se producen en el ámbito local, cerca de las niñas, niños y adolescentes; sin embargo, persisten, todavía, estilos de gestión que concentran las decisiones en la administración central de los ministerios de Educación. Contradictorio ¿no?

Éste será, seguramente, un tema que discutirán altas autoridades educativas en el próximo “Foro Regional de Políticas Educativas: Políticas de equidad e inclusión educativa ante los desafíos de la Agenda Educación-2030”, que ha organizado el Instituto Internacional de Planificación Educativa IIPE-UNESCO, en Buenos Aires, en octubre. Vale la pena ir pensando en ello.

Damos la bienvenida a Jorge Rivera Pizarro, cuya columna se publicará cada dos semanas en estas páginas.