San Buenaventura, un fracaso anunciado
Es tarde para las lamentaciones, pero algo se puede hacer para minimizar los daños económicos y principalmente los ambientales
Ala larga lista de noticias que casi a diario dan cuenta de lo mal encaminados que están muchos de los principales proyectos de desarrollo que están siendo ejecutados o proyectados por el Gobierno nacional, se ha sumado durante los últimos días la preocupación expresada por el Presidente del Estado por la falta de la materia prima para la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), lo que ocasiona que esa planta industrial esté funcionando muy por debajo de su capacidad instalada.
Las cifras expuestas son elocuentes. “Tenemos una capacidad de procesar por lo menos 10.000 u 11.000 hectáreas en nuestra industria, pero lamentablemente en La Paz no tenemos una cultura de plantar caña de azúcar”, dijo el Primer Mandatario, y recordó que el año pasado apenas se tenía 1.200 hectáreas de caña de azúcar, cifra que aumentó en 2017 hasta 1.600 hectáreas.
Esos datos son por supuesto muy alarmantes pero de ningún modo pueden ser calificados como sorprendentes. Es que fueron muchas las voces de expertos en la materia que oportunamente advirtieron que ese y no otro era el único resultado que se podía esperar de ese proyecto.
En efecto, muchos estudios sólidamente fundamentados descartaron la viabilidad económica del ingenio azucarero de San Buenaventura. Los primeros se remontan a cuatro décadas atrás cuando a mediados de los años 70, durante el Gobierno del general Banzer, se encargó a expertos en el rubro que elaboren un informe sobre las reales posibilidades de producir azúcar en La Paz.
En décadas posteriores, el proyecto fue nuevamente considerado pero con similares resultados, igual de categóricos. Desahuciaron el proyecto porque coincidieron en que la caña que se produce en esa zona no es suficiente ni tiene la sacarosa necesaria para poder producir azúcar y alcohol de manera eficiente. Eso debido a que por la configuración geográfica, la zona se caracteriza por su alta nubosidad lo que impide que los rayos solares lleguen al suelo con la intensidad suficiente para que los cañaverales produzcan materia prima adecuada, en cantidad y calidad, para alimentar el ingenio.
Tales razones, y no una supuesta mala voluntad de Gobiernos anteriores hacia el departamento de La Paz, fueron decisivas para que el proyecto no haya sido ejecutado. Pero, como en muchos otros casos similares, de nada valieron cuando el actual Gobierno se empecinó para llevar a cabo el proyecto. Pudo más la voluntad presidencial de modo que, contra lo que aconsejaba un elemental sentido de responsabilidad, se contrató a asesores cubanos e instruyó al Banco Central de Bolivia la otorgación de un crédito de 265 millones de dólares y, por invitación directa, se adjudicó la obra a la empresa china Camce.
Ahora, cuando la terca realidad pone en evidencia lo desacertada que fue la inversión de 265 millones de dólares en ese proyecto, es tarde para las lamentaciones. Sin embargo, si se considera que las posibilidades de hacer rentable esa empresa son prácticamente nulas, pero el daño ambiental que ocasionará el empecinamiento en intentarlo son incuantificables, bueno sería que se considere la posibilidad de detener la devastación de los bosques antes de que sea demasiado tarde.
