¿Cataluña independiente?

El día domingo 1 de octubre 2017 los catalanes han celebrado un referendo declarado ilegal por la Corte Constitucional de España y por el gobierno de Madrid. La pregunta del referendo se refería a si Cataluña debería declararse como un estado independiente. De los 7,5 millones de la población total catalana los 2,28 millones (o sea 42% de los electores) han votado por la independencia. El Gobierno central de Madrid se opuso activamente a la realización de la votación mediante una acción policial, a veces violenta, reforzando así la determinación de los nacionalistas catalanes. Mientras varios de los catalanes se definen “tanto como catalanes como españoles”, las violencias de la Policía durante el referendo aumentaron la legitimidad de la reivindicación independentista. Dos días más tarde el rey Felipe VI se pronunció en contra de la independencia catalana denunciando la “deslealtad inadmisible” del Gobierno autónomo catalán y falta del respeto a la Constitución. Mientras tanto en Barcelona 700.000 personas manifestaban contra las violencias policiales.

Hoy día, martes 10 de octubre el Presidente del Gobierno autónomo catalán va a intervenir ante el Parlamento Regional para comunicar los resultados del referendo e invitar a éste a proclamar la independencia. Este último paso no está totalmente seguro, ya que se han elevado voces entre los independentistas para no cometer “lo irreparable”. Los sentimientos pro y contra, así como la polarización de sociedad española se agudizaron en todo el país. El espectro del franquismo y de la guerra civil están planeando encima de los desacuerdos.

Es preciso preguntarse por qué los catalanes, desde ya algún tiempo atrás, desean la independencia. Las razones, a parte de su identidad como pueblo bien definida, por una cultura e idioma propio, parecen ser más que todo económicas. Cataluña, que es una de las 17 comunidades autónomas de España, contribuye con un 20% al PIB del país contando con tan sólo 15% de la población de España. Las reglas de la autonomía dan el derecho de manejo de los recursos al Gobierno central de Madrid creando un sentimiento de injusticia entre los catalanes.

Es evidente que la búsqueda de la independencia de Cataluña debería hacerse en un marco democrático y que Madrid debería privilegiar el diálogo con los catalanes que ven en la actitud del Gobierno central una nueva manifestación de la dominación ejercida por una mayoría sobre una minoría en el seno de un Estado plurinacional. A la larga la solución de la crisis pasa por la creación de una federación implicando una repartición más homogénea de los poderes entre el Estado central y las regiones. Pero el periodo de negociación termino varios años atrás y el Gobierno central no sabe cómo reaccionar frente al independentismo/nacionalismo catalán.

La pregunta principal se refiere al derecho de la autodeterminación de los pueblos o sea cuando y como el pueblo catalán pueda acceder a la independencia y ser reconocido internacionalmente como un país independiente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Sin embargo el derecho internacional no permite la independencia de Cataluña. Ninguna región no se puede separar de un Estado democrático sin respetar las reglas del mismo. No hay antecedentes de esta naturaleza.

Más bien todas las experiencias de la autodeterminación de una minoría nacional se refieren a autodeterminación frente al colonialismo o como es el caso de los kurdos, frente al Gobierno central que les oprime por la fuerza. Los catalanes no son ni colonizados ni oprimidos, todavía menos amenazados de genocidio, como lo fueron kurdos en Irak en tiempos de Saddam Hussein. Al contrario es uno de los pueblos más exitosos en España de hoy.

Por más simpatías que puede despertar el movimiento catalán hacia la soberanía y autodeterminación, el referendo no va servir a mucho y no sera reconocido por Madrid ni por la Unión Europea.

El autor es comunicador social