Mesa pide juicio a Evo por decreto observado en el caso Guaracachi

El expresidente Carlos Mesa pide que se inicie un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por una observación al Decreto Supremo 0493 que nacionalizó Guaracachi America Inc. y Rurelec PLC en mayo del 2010.

Según la carta enviada por Mesa al Procurador General del Estado, el laudo del Tribunal Arbitral de la Uncitral de las Naciones Unidas observó la ilegalidad en la norma porque se debió haber “indemnizado a la demandante, ofreciéndoles una justa compensación efectiva”. Añade que el país no compensó “(ni tuvo la intención de compensar) a la Demandante, puesto que no realizó una valuación precisa del valor de EGSA (Empresa Guaracachi S.A.) en ese momento”.

En ese sentido, Mesa le dice a Menacho: “Lo que tiene que hacer es: o el retiro de la proposición acusatoria en el caso Quiborax, o la inmediata presentación de una proposición acusatoria en contra del presidente Evo Morales Ayma por la promulgación de los DS 0493”.

También pide iniciar procesos en contra de Luis Fernando Vincenti, ministro de Hidrocarburos y Energía; Juan José Hernando Sosa y Luis Alberto Arce Catacora, encargados de la ejecución y cumplimiento del decreto, y de Héctor Arce Zaconeta, procurador general del Estado.

En mayo de 2014, el Estado boliviano consolidó la nacionalización de la empresa Guaracachi, nacionalizada en 2014, mediante una firma de convenio con los ejecutivos de empresa británica Rurelec que establecía un pago de 31.534.613 dólares. El monto resultó menor al que inicialmente los ingleses pretendían (140 millones de dólares).

Para Mesa, el tema Guaracachi es similar al caso Quiborax y, tomando en cuenta el criterio del ministro de Economía, Mario Guillén, en sentido de que Carlos Mesa debería pagar con sus bienes, también Evo Morales debería ser procesado y pagar con sus bienes.

“El daño económico al Estado es de exclusiva responsabilidad de la actual gestión de Gobierno, por las desastrosas negociaciones y pésima defensa de Bolivia en este proceso arbitral”, justifica Mesa.

El laudo arbitral contenido en 209 páginas fue enviado para conocimiento de la Procuraduría y detalla que los demandantes iniciaron el arbitraje con el objetivo de obtener una indemnización por parte de Bolivia por los perjuicios que alegan haber sufrido tras la modificación del marco regulatorio del sector eléctrico, la falta de justicia por parte del sistema judicial boliviano y, en última instancia, la nacionalización afectando a los inversionistas de la EGSA.

El exmandatario argumenta que la Procuraduría ha violado el artículo 14, parágrafo II de la Constitución Política del Estado que sancionada “toda forma de discriminación”, porque “en un caso de igual naturaleza ha procedido de manera radicalmente diferente”.

BOLIVIA PAGÓ $US 893,3 MILLONES POR ARBITRAJES

Tras el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el caso Quiborax, por el que el Estado debe pagar 42 millones de dólares, la nacionalización de 14 empresas desde 2006 a la fecha le ha costado a Bolivia al menos 893,3 millones de dólares.

A la fecha, aún están pendientes otros cuatro casos, por los que los demandantes exigen alrededor de 731,7 millones de dólares.

A principios de 2017, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que Bolivia pagó 828,3 millones de dólares por la nacionalización de 12 firmas que operaban en el país.

A esos casos resueltos se suman el laudo de la española Abertis con un acuerdo transaccional de 23 millones de dólares, que se alcanzó en mayo del mismo año, por la estatización de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) en 2013, y el de Quiborax, resolución que se conoció el pasado 18 de mayo de este 2018. Con ambos fallos la indemnización suma un total de 893,3 millones de dólares.

Según el procurador general del Estado, Pablo Menacho, pese a los pagos realizados a las empresas nacionalizadas, se logró ahorrar “alrededor de 2.300 millones de dólares” al bajar la pretensión de los demandantes ante las instancias internacionales.

OPOSITORES REPUDIAN ACCIONAR CONTRA MESA

El senador Oscar Ortiz (MDS) reprochó que los procesos judiciales en contra de los opositores “corren”, pero no sucede los mismo en casos contra militantes del MAS, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anunciara que resolverá enviar la petición de juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa a la Asamblea.

MEMORIALES DE MESA

30 de mayo. Se solicita a la Fiscalía que rechace la proposición acusatoria presentada por el Procurador General del Estado.

12 de junio. Mesa prueba que el arbitraje demandado es producto de la falsificación del acta de composición de propiedad.

18 de julio. Mesa pide incluir a autoridades del Gobierno actual por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

28 de junio. Hace conocer elementos de juicio adicionales para el rechazo de la Proposición Acusatoria presentada por el Procurador General del Estado.

5 de julio. Prueba que Bolivia, teniendo los elementos claros sobre los vicios de origen, no los usó adecuadamente para desbaratar el litigio.

6 de julio. Se observa que el Gobierno de Evo Morales no logra negociación por montos menores.