Las leyes y el pueblo

Gandhi decía que cuando una ley es injusta, lo correcto era desobedecer. Mucho antes, Santo Tomás de Aquino dijo que una lex injusta non est lex y lo hizo, evidentemente, dentro de contextos diferentes en cuanto a tiempo, hechos y circunstancias históricas. La evolución del pensamiento y de la sociedad como tal, en términos de racionalidad, permitió que el ser humano se dote de instrumentos que sirvieron para regular las relaciones de las personas entre sí, y de éstas con el Estado. Fue un paso indispensable para la construcción de las sociedades modernas, en mundos civilizados donde cada ciudadano conoce el límite de sus derechos y el marco de deberes y obligaciones. Lo contrario significaría ingresar a un estadio de descomposición con el riesgo de retornar a periodos de salvajismo donde no existía un orden constitucional establecido, ni el respeto a los derechos de las personas por el autoritarismo de quienes detentaban el poder de coerción. Y ha sido precisamente la ley, creada por el hombre, la que ha permitido avanzar en materia de derechos humanos frente a episodios históricos que laceraron sus basamentos.

Y si bien en algunos casos la propia ley –urdida bajo regímenes monárquicos en algunos casos, inconstitucionales en otros, o incluso, de inicio, democráticos– pudo haber estado concebida para consolidar poderes hegemónicos y hasta raciales, ha sido la sociedad y dentro de ella, hombres y mujeres, los que gracias a su capacidad de racionalidad y supervivencia pudieron dotarse de instrumentos aptos para consolidar Estado de Derecho. No existió otro camino.

La ley puede ser perfectible si acaso no se ajusta a determinadas realidades y contextos, pero siempre será indispensable a la hora de construir Estado e institucionalidad. De ahí los institutos de la abrogación y derogación por ejemplo. Por lo que aquello que pudieron haber dicho en su momento Gandhi o Tomás de Aquino, debe ser entendido bajo un análisis de realidades históricas de cada momento, y contrapuestas a lo que hoy importa un Estado consolidado bajo un ordenamiento capaz de regirse como tal.

Bien vale entonces  la frase “ dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, para extrapolar lo señalado por  Evo cuando dijo que “hay que respetar las leyes, pero las leyes, las normas no pueden estar por encima del pueblo, las leyes hay que adecuarlas a las necesidades del pueblo boliviano”. La ley es una fuente del derecho. Aseverar que no pueden estar por encima del pueblo trae un  mundo de riesgosas interpretaciones por su  fuerte componente político.

Para ponerlo en lenguaje corriente, las leyes son hechas por el pueblo a través de sus representantes en quienes se ha delegado la  soberanía. Una ley nunca debe ser desoída por el pueblo, debe ser acatada por su característica de generalidad y obligatoriedad. Evidentemente, una ley siendo esa su característica, debe ser útil  y no debe beneficiar a grupos específicos, en perjuicio de los demás o del propio Estado.

Si una ley ha sido mal concebida, debe ser corregida. Lo que no puede acontecer, es que existan leyes pensadas para el beneficio corporativo o que la ausencia de alguna, permita que se trastoque el ordenamiento institucional a título de vacío legal o de las necesidades del pueblo. Podrá también alegarse la existencia de una ley injusta y hacer referencia  a la objeción de conciencia que mucho ha ayudado  para construir sociedades mas humanas. Mandela fue un ejemplo viviente de ello, y luego fue el propio Mandela el que impuso un norte de institucionalidad asumiendo su deber de Presidente. Por tanto, esto de la ley, su imperio, la ley injusta y el derecho de objeción de conciencia, trae consigo mucha carga histórica, reinvindicacionista y  ahora, penosamente, una fuerte dosis populista. El justo equilibrio es lo que deberíamos buscar.

El autor es abogado.