La infamia como política de Estado
Tres hechos, que durante los últimos días acapararon la atención de la opinión pública nacional, han sido otros tantos pasos dados hacia el peor de los escenarios que se abren en el camino que nos conduce hacia un cada vez más desesperanzador futuro.
La noticia más impactante de todas ha sido la escandalosa y vergonzosa muestra de ineptitud y servilismo que ha dado el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Ineptitud por su pésimo manejo de las listas de militantes de los partidos habilitados para participar en el proceso electoral en curso. Y servilismo, porque sus principales autoridades se han atrevido a despejar cualquier duda, por si hubiera quedado todavía alguna, sobre su intención de cumplir las órdenes de la cúpula gobernante para habilitar al binomio masista, aun a costa de destruir todo lo logrado durante más de tres décadas de construcción democrática.
El segundo hecho, aparentemente menos grave —pero no por eso menos significativo— ha sido el golpe de gracia dado a lo poco que quedaba de independencia sindical. Al haber reducido a la Central Obrera Boliviana (COB) a la condición de un apéndice más del partido gobernante, se ha terminado de destruir uno de los pilares fundamentales de la sociedad civil de nuestro país.
Finalmente, merece ser destacado el caso de Franclin Gutiérrez y la muerte de su hijo. Y es que, por su valor simbólico, termina de desenmascarar la decisión gubernamental de elevar la infamia a la categoría de política de Estado. Es un ejemplo —con pretensiones de ser un precedente aleccionador— de los extremos de crueldad a los que el régimen masista está dispuesto a llegar, a través del ensañamiento judicial, para destruir a sus adversarios.
Lo que tienen en común los tres hechos a los que nos referimos es que cada cual, a su manera, es un giro más en la espiral de desinstitucionalización y violencia a la que está siendo condenado nuestro país.
Los casos del OEP y la COB son fiel reflejo de la decisión gubernamental de aplicar, a cualquier precio, la conocida fórmula autoritaria que consiste en lograr el sometimiento incondicional de todo el aparato estatal y de las instituciones de la sociedad civil, de modo que no sean más que simples brazos ejecutores de las órdenes dictadas por los estrategas del proyecto autocrático.
Esa fórmula no es nueva. Es la misma que ya fue aplicada por cuanto proyecto totalitario ha sido ensayado en la historia de la humanidad. Sin ir muy lejos, Cuba, Venezuela y Nicaragua son tres ejemplos muy cercanos y actuales de lo que eso significa. Los efectos desastrosos de esa fórmula son también conocidos. Y también los desafíos que conlleva la urgente necesidad de conjurar el peligro.
