Jefe de Asamblea se abstiene de declarar por farra y q’oa
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, René Rocabado, se abstuvo ayer de declarar por el presunto uso indebido de bienes y servicios del Estado durante la q’oa del 7 de diciembre, indicó el fiscal que indaga el caso, Samuel Vargas.
“Bajo el derecho a la defensa se ha abstenido a realizar su declaración, pero se ha cumplido una formalidad al citarlo”, expresó.
El presidente de la Asamblea se presentó en oficinas del Ministerio Público, en el edificio Abugoch, acompañado de su abogado a las 8:30. Vargas señaló que adicionalmente se tenía prevista la declaración de las legisladoras Flora Orellana a las 9:15 y de María Francisco a las 10:00.
“No se hicieron presentes, pero presentaron un memorial justificando su incomparecencia que será analizado para ver si es procedente modificar el día y la hora de su declaración”, expresó.
El fiscal negó que se haya rechazado la solicitud de la asambleísta denunciante Lizeth Beramendi (Único) de secuestrar equipos en los que se almacena ron las imágenes de seguridad del Legislativo.
“Más bien, como acto investigativo ya se tiene el secuestro del celular de la persona que hubiera grabado el hecho. Se puede decir que estamos avanzando en la investigación y si es necesario secuestrar algún objeto más se va realizar lo correspondiente”, comentó.
Añadió que no descartan convocar a más personas que asistieron a la q’oa en calidad de testigos.
“Hasta el momento, hemos convocado a declarar a cuatro personas. Todavía nos falta notificar al ciudadano que amenazó a la denunciante”, concluyó. Sobre las asambleístas que no declararon manifestó dijo que evaluará su justificación.
CRONOLOGÍA
07 de diciembre. La asambleísta Lizeth Beramendi denuncia excesos en q’oa por parte del presidente del legislativo René Rocabado y otras tres personas.
14 de diciembre. La Fiscalía acepta la demanda de Beramendi por presunto uso indebido de bienes del Estado en la Asamblea.
18 de diciembre. Por 29 votos a favor de 34, la Asamblea Departamental rechazó por segunda vez tratar la denuncia.
21 de diciembre. Los fiscales que investigan el caso suspenden la declaración de tres funcionarios que debían resguardar imágenes de las cámaras de seguridad con el argumento de que los servidores públicos sufren “acoso” de periodistas.
