Tecnología y corrupción
“Hoy día comienza la inspección y se termina la corrupción en la Inspección Técnica Vehicular (ITV)”, con esas palabras, el comandante general de la Policía Boliviana anunció el inicio del proceso anual que tendría que eliminar de la circulación aquellos vehículos cuyo estado representa algún tipo de riesgo para sus usuarios, para otros motorizados y, esencialmente, para cualquier persona.
Este año, el proceso en cuestión está tecnologizado. Y eso con dos finalidades. Por un lado, el empleo de dispositivos electrónicos permitirá la revisión desde el cerebro electrónico de los vehículos que poseen uno. Y por el otro, las cámaras instaladas en cada punto donde se realiza la revisión técnica evitarán los actos de corrupción, es decir el cobro y/o recepción de sobornos por parte de policías.
Los recursos tecnológicos permitirán también el cruce de datos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de castigar a los propietarios que no presentaron sus vehículos a la inspección con la imposibilidad de cargar gasolina.
Y las cámaras de vigilancia proveerán las imágenes para que “aquel funcionario (policial) que intente recibir coimas (sea) detectado de manera inmediata”, para luego iniciarle “procesos disciplinarios y penales”, según proclama el comandante de todos los policías.
La revisión técnica vehicular actual cuesta 30 bolivianos por vehículo. En Bolivia existen 1.910.127 motorizados, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística divulgados en abril de este año.
Si todos esos vehículos serían inspeccionados, como mandan las normas, el monto recaudado por la Policía llegaría a más de 57 millones de bolivianos, o más de ocho millones de dólares.
Pero no todos los vehículos serán llevados a alguno de esos 145 puntos de inspección que existen en todo el país. Ni todos los policías que reciban sobornos lo harán delante de las cámaras.
En el caso de los vehículos, no significa que aquellos que no pasen la inspección vayan a quedarse sin la certificación resultante de ese proceso. Como tampoco es una certidumbre que todos los que tengan roseta sean vehículos seguros.
Y en el caso de “los malos funcionarios”, como llama el comandante general a sus camaradas corruptos, es muy probable que ellos busquen directamente a los propietarios de motorizados –en sus trabajos, por ejemplo, donde no hay cámaras– para venderles la roseta de la inspección técnica, sin siquiera mirar el vehículo.
Esa posibilidad no es una hipótesis de mala fe, sino la experiencia de los años pasados. Y nada permite pensar que la corrupción policial –lo mismo que la de aquellos civiles sobornadores– haya disminuido.
