Preclusión popular
La preclusión es uno de los principios que rigen los procesos judiciales y, por extensión, a todos los procesos con efectos jurídicos. Entre estos se encuentran los procesos electorales. Este principio equivale al cierre definitivo de un acto sin dar lugar a retrocesos o revisiones.
En teoría, la preclusión electoral busca evitar que hechos importantes del proceso, como el conteo de actas en los recintos de votación, ya no sean revisados y, así, se respeta la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
El principio está incluido en el inciso k) del artículo 2 la Ley N° 026 del Régimen Electoral que señala que “las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”.
Ahora bien, este principio, diseñado para proteger la voluntad popular, puede usarse también para el propósito contrario. Eso podría ocurrir cuando se cierre un proceso electoral y, así, se evite que sufra algún tipo de revisión.
En el marco de la técnica jurídica, la preclusión operó el viernes, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer los resultados de las elecciones del domingo 20 de octubre. Los resultados, cuestionados por una buena parte de la ciudadanía boliviana y ahora impugnados por acusaciones de un masivo fraude electoral, fueron presentados en 16 minutos, casi sin formalismos, y, así, se clausuró el proceso. En teoría, ya no pueden revisarse así que los ofrecimientos de Evo Morales de ir a una segunda vuelta si una auditoría encuentra fraude no parece tener sustento jurídico.
Pero el verdadero problema no parece estar en la interpretación jurídica sino en los hechos.
Con una mayor visión política y menor ambición, el Presidente podía, en un acto de magnanimidad, acceder a la segunda vuelta, antes de que termine el cómputo, y así iba a evitar la eclosión social que estaba ganando cuerpo. Sin embargo, pudo más su soberbia y, en lugar de ceder, anunció su victoria, con composición del Parlamento incluido, y no solo provocó indignación sino que alimentó las sospechas de fraude.
Ahora la protesta ha crecido a niveles insostenibles. Los enfrentamientos menudean y todo apunta a que las protestes crecerán.
Ante ese panorama, el Presidente retrocedió por primera vez pero apenas un milímetro. Dijo que aceptará una segunda vuelta si una auditoría demuestra el fraude. Tarde, muy tarde, porque la indignación popular ya ha cambiado de demanda. Ahora no se pide segunda vuelta sino anulación de las elecciones.
El Presidente pudo evitar esta eclosión pero no lo hizo a tiempo. Su oportunidad ha precluido.
