Batalla de poderes
Mientras la pandemia de Covid-19 avanza de manera implacable en el país y las condiciones en las que se trata de frenarla son tan insuficientes que el riesgo de una catástrofe sanitaria de proporciones difíciles de imaginar es inminente, los poderes Ejecutivo y Legislativo se afanan en una batalla política cuyo fin parece estar lejano.
En efecto, desligado de sus responsabilidades más visibles y directas en la lucha contra la pandemia, al haber transferido buena parte de éstas a las gobernaciones y los gobiernos autónomos municipales, el Gobierno transitorio de la presidenta-candidata se empeña en posponer las elecciones generales.
El Ejecutivo había anunciado de manera oficial que la Presidenta promulgaría la ley que fija la fecha de las elecciones generales para el primer domingo de septiembre. Pero en lugar de ello, Áñez solicita informes epidemiológicos a Eva Copa, presidenta del Senado, y manifiesta abiertamente “que postergar un mes o dos meses (los comicios) no le va a hacer daño a nadie; es más, todos los bolivianos vamos a ganar con ello”.
La actitud del Ejecutivo, en ese sentido, resulta ser inútil, pues Copa, presidenta en funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), podrá promulgar esa ley, como se lo faculta la Constitución, al término del plazo de 10 días después de su sanción, es decir, mañana.
La hostilidad entre el Gobierno y el Parlamento se extiende también a otros campos, como el económico, pues la ALP priva al Ejecutivo de disponer, de inmediato, recursos económicos de un crédito negociado con el FMI, al rechazar el proyecto de la ley necesaria para concretarlo.
Por su parte, el Ejecutivo abrió un nuevo frente al presentar una denuncia penal contra el Fiscal General, Juan Lanchipa –designado en esas funciones por el Gobierno de Morales– por supuestas irregularidades que le permitieron habilitarse para acceder a esas funciones.
Y la Fiscalía General se activa con marcada diligencia en sus investigaciones del escándalo de los respiradores adquiridos con sobreprecio, el mayor de los escándalos de evidente corrupción en la administración de Áñez, mientras que observa una actitud del todo opuesta respecto de otro escándalo mayúsculo del Gobierno de Morales: el desfalco en el Fondo de desarrollo indígena originario campesino (Fondioc), caso en el que después de dos años aún no existe acusación.
Este abierto conflicto entre las fuerzas políticas opuestas que manejan el Ejecutivo y el Legislativo no sólo aumenta la zozobra colectiva causada por la pandemia y sus negativos efectos económicos, sino que amenaza con crear las condiciones propicias para una crisis política e institucional mayor que, paradójicamente, el Gobierno transitorio tiene la misión de evitar.
