Cuentas claras

El Gobierno envía a la cárcel, usando una novedosa versión de los juicios sumarios, a personas que manejaron, por ejemplo, la compra de los respiradores en el gobierno de Jeanine Áñez, por unos tres millones de dólares.

Esos mismos jueces tendrían que ocuparse de otros casos, como el gasto de 1.000 millones de dólares que hizo el gobierno del cocalero Morales en el proyecto del litio. Ese sí que es un elefante blanco, porque además está en medio del salar más grande del mundo, de majestuosa blancura.

Ahora, el gobierno sucesor del cocalero ha decidido cambiar la estrategia, descartando seguir con la idea de que el litio sea explotado por empresas estatales usando una tecnología que debía ser creada por los expertos masistas.

¿A quién hay que llevar a la cárcel por este “descuido” de 1.000 millones de dólares?

Otra perla es la planta de Bulo Bulo, en orden de magnitudes. Costó 960 millones de dólares y no funciona porque, sencillamente, ha sido mal emplazada y su producto debe recorrer miles de kilómetros para llegar a los mercados de consumo, con lo que pierde competitividad.

¿Quién manejó el proyecto, quién ordenó que no se hiciera un estudio de factibilidad, quién dispuso que la planta esté junto a los cocales de Chapare? ¿Quién pagará al país el daño económico?

Sólo el museo de Orinoca costó más del doble que los respiradores, pero nadie ha pedido explicaciones. ¿De quién fue la idea de construirlo? ¿Cuál fue el argumento usado para justificarlo? ¿Quiénes fueron los ministros que aprobaron el proyecto? ¿Alguno hizo una objeción, por lo menos?

Con el dinero desperdiciado en ese palacete perdido en el altiplano se podían haber comprado cerca de tres millones de vacunas en este momento. ¿Quién devolverá ese dinero?

La lista es casi interminable. Las cuentas del despilfarro más grande hecho en la historia del país producen mal humor. Y, como están, las cosas producen impotencia.

¿El presidente Luis Arce ha de ser llamado a alguna comisión parlamentaria, o por la Contraloría, o por un futuro juicio de responsabilidades, para responder por los 4.000 millones de dólares que programó en los presupuestos de 2006 a 2018 para propaganda?

¿Cómo explicaría que, al mismo tiempo, destinó menos de la mitad de ese monto a salud o educación? ¿O preferirá, como tiene la sartén por el mango, seguir enviando a la cárcel a los funcionarios de Áñez, acusándolos de haber malgastado tres millones?

El autor es periodista