Ni impunidad ni abusos, concertación y juicio de responsabilidades

“La revancha y la ley del talión no son el camino para la transición democrática. Es que no tiene sentido establecer presunción de culpabilidad sobre toda exautoridad masista; tampoco encarcelar y enjuiciar a apoderados, tramitadores o parientes, peor detener a asilados…”, escribí en febrero de 2020, rechazando los abusos del Gobierno transitorio que presidía Jeanine Áñez. Eso motivó el enojo en contra mía de varias autoridades de gobierno que me tildaron de “masista”.

Probablemente hoy los gobernantes me tilden de “janinista,” pero no es ya tolerable el atropello que se comete contra la expresidente a quién se la ha privado de todas las “garantías jurisdiccionales y acciones de defensa” que prevé el texto constitucional en su Título IV. Y se está camino a privarle del derecho fundamental a la vida, a la integridad física y psicológica que consagra el Art. 15 de la Constitución. Los últimos desmanes judiciales de fraccionar el juicio en dos, sólo para ampliar la detención preventiva por seis meses, y la negativa a una internación y tratamiento hospitalario, dan cuenta de los extremos inaceptables de venganza a los que está llegando el gobierno de Arce, llevando hasta la vergüenza el sometimiento de jueces y fiscales.

Debemos detener estos actos tiránicos para preservar la democracia, generar mínimos escenarios de concertación que cierren el camino a nuevos enfrentamientos, y salir de esta crisis estatal originada en la ausencia de propuestas de mediano y largo alcance de los líderes políticos.

La reforma de la justicia es imprescindible para tener jueces independientes, para tener un presupuesto judicial digno y para desterrar la corrupción, el hacinamiento carcelario y el autoritarismo, porque con nuestra miserable administración judicial está en riesgo la convivencia democrática. La reforma de la justicia ya no podemos esperarla del Gobierno, y por ello estamos trabajando en una propuesta desde la sociedad, para que sea la gente la que la impulse a través de un referendo ciudadano.

Pero mientras eso ocurra, debe efectuarse un esfuerzo –así sea inicial– de concertación para detener los atropellos. Y ello no puede significar “borrones” para la impunidad de nadie, porque los hechos del pasado reciente tienen que investigarse, esclarecerse y sancionarse, como deberían sancionarse todos los hechos delictivos de todos los exgobernantes impunes. La concertación debería entonces parar los atropellos e impedir la impunidad investigando los delitos.

El primer paso podría ser el juicio de responsabilidades a los exgobernantes transitorios y, en específico, a la expresidenta Áñez que ya tiene al menos cuatro requerimientos acusatorios del Fiscal General que están a la espera de la autorización legislativa, por 2/3 de votos que exige la Constitución, para que luego el Tribunal Supremo juzgue en única instancia.

No tiene el MAS los 2/3 y, por ello, el acuerdo parlamentario para lograrlos con el concurso de la oposición debería ser el punto de partida para este primer momento de concertación. El acuerdo parlamentario básico será contra la impunidad para investigar los delitos, pero terminando los abusos y restableciendo el debido proceso, de acuerdo a lo siguiente:

1. Se autorizará juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por todos los supuestos delitos que habría cometido en el ejercicio de sus funciones.

2. El juicio se tramitará, de acuerdo con la Constitución y la Ley de Responsabilidades, ante el Tribunal Supremo, que tiene que restablecer para los acusados todas las garantías jurisdiccionales previstas por los Arts. 109 y siguientes de la Constitución, especialmente la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

3. Todos los procesos iniciados y todos los sindicados o imputados, deberán ser procesados ante el Tribunal Supremo en aplicación del Art. 117-II de la Constitución y el Art. 6 de la Ley 044 de Responsabilidades que determina: “Quienes tuvieran cualquier forma de participación delictiva con las autoridades (…) serán enjuiciados conjuntamente la causa principal”.

4. El Tribunal Supremo deberá determinar la cesación de toda detención preventiva, disponiendo las medidas sustitutivas necesarias para garantizar la presencia de los acusados y el desarrollo pleno del proceso.

5. La Asamblea Legislativa, a tiempo de expedir la autorización de juicio de responsabilidades designará una comisión plural para la veeduría del mismo, o solicitará tal veeduría a las Naciones Unidas.

“Ni impunidad ni abusos”, titulé esos escritos míos, mencionados en el inicio de este artículo, criticando al Gobierno de la señora Áñez y hoy estoy copiando el título para los abusos del actual Gobierno, cuyo vicepresidente Choquehuanca debería ser el promotor de esta inicial concertación que propongo, porque preside la Asamblea pero, sobre todo, porque el 6 de agosto nos dijo que era contrario a la venganza y que “no se puede reparar una injusticia con otra injustica”. 

El autor es político y abogado