Escandalosa justicia
El caso de los ítems fantasma en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, el anuncio de una cumbre como vía para la reforma judicial, el aparatoso despliegue para detener a un exlíder cívico de Potosí y la actitud oficialista respecto de esos temas bosquejan un paisaje nada alentador acerca de la posibilidad de enderezar el descalabro institucional de la administración de justicia en nuestro país.
El caso de al menos 800 ítems de empleados ediles que ni trabajaban ni existían más que como los titulares de cuentas bancarias donde la alcaldía cruceña depositaba en cada una, en promedio, 5.000 bolivianos mensuales, desde hace una década, se descubrió debido a la denuncia de la exesposa del principal responsable del hecho al que persigue en justicia por incumplimiento de asistencia familiar.
La denunciante aportó pruebas incuestionables que la Fiscalía tuvo que tomar con seriedad y no con el desdén que le prestó al caso desde abril, cuando la administración municipal lo planteó en septiembre al Ministerio Público, aportando pruebas.
Sin la denuncia de la dama en cuestión el asunto no sería el escándalo que ahora es, pues la Fiscalía no hizo su trabajo como manda la ley. Y no solo eso, sino que el oficialismo — tan dispuesto a elogiar a los fiscales cuando actúan siguiendo sus intereses, y a amenazarlos cuando son lentos para perseguir a los que el MAS califica de “golpistas”— recupera el asunto en su beneficio político pretendiendo involucrar en el caso a líderes cívicos y opositores improvisando conexiones que compiten entre ellas por lo descabellado.
Ese escándalo cuyo impacto económico y magnitud por el tiempo que duraba el robo y la cantidad de gente involucrada disimula otro mayor que es el de la incapacidad, o conveniente negligencia, del Ministerio Público, acerca de la cual nada dice el Ministro de Justicia.
Pero sí se refiere a la reforma judicial, anunciando una cumbre para dentro de tres meses —la tercera que impulsa el MAS con ese fin— que decidirá el derrotero de un proceso urgente cuya ejecución la reclaman al menos cinco instancias internacionales y anhelan los bolivianos.
Ese anuncio surgió luego de conocerse un último informe de una instancia de la ONU que es lapidario acerca de la desinstitucionalización de la justicia, el irrespeto de las leyes y, especialmente, del debido proceso.
Debido proceso que fiscales y jueces ignoran con descaro cuando se trata de perseguir a opositores, como ocurrió hace pocos días en la detención del expresidente cívico de Potosí, en medio de un despliegue policial aparatoso que recordó los peores tiempos de las dictaduras militares.
En ese contexto, es inevitable constatar la total falta de voluntad política, sino más bien un afán que va en sentido contrario, para recuperar la institucionalidad de las instancias estatales, comenzando por la más importante en lo que respecta al Estado de derecho: la administración de justicia, actualmente sometida como jamás al poder del oficialismo.
