Censo

¿Mestizo, indígena o no-indígena?

Llevamos meses en discusiones bizantinas sobre el censo N° 12. Y han sido bizantinas porque, primero para el mestizaje y luego para la fecha, nunca hubo voluntad de discusión y sí muchos denuestos de parte de quienes deciden por el Censo: desde el Gobierno Nacional. Pero, adelanto un primer argumento: los entiendo desde su visión —no cosmovisión— por supervivencia aunque, por sentido de convivencia y gobernanza democráticas, los critico y rechazo.

¿Por qué la categoría mestizo no se incluye en el censo? Ésa fue la primera confrontación —repitiendo las similares que tuvimos para el de 2012— y no voy a considerar en los argumentos los de algunos que, por razones identitarias o de sentido de nación —entendibles e incluso respetables a pesar de que las critico—, no han apoyado la inclusión; me referiré a las oficiales y “oficiosas” que aducían “recomendaciones internacionales” —espulgadas hasta donde les convenía o, posible también, sólo leída una línea descontextualizada dentro de un brief instruido y repetido a pie juntillas al cansancio— y a quienes, en pose iracunda cual Justicieros de Marvin, nos acusaron de “racistas y discriminadores” a los que opinábamos que era importante incluir la categoría mestizo, cuando los discriminadores eran quienes aventaban el epíteto. (Y para su sonrojo, deberían revisar no censos en Brasil —el país del mestizaje en la America Mestiza que mencionaba Darcy Ribeiro— sino el último censo en Cuba, país epítome aspiracional del socialismo 21 para el masismo Bolivia, que incluye sin complejos y orgullosamente su mestizaje).

La explicación de la renuencia gubernamental sobre la autoadscripción étnica (porque fue autoadscripción lo que se pidió en 2012 y, aparentemente porque no se conoce aún la nueva boleta o, al menos, su proyecto) no es antropológica ni ética: es de puro discurso político.

El MAS-IPSP llegó al poder con un discurso de reivindicación indigenista “para un país indígena”. Veamos las falacias: La primera es que ese discurso del MAS-IPSP se apoyaba en dos pilares: una “Revolución Democrática y Cultural” —básicamente una despatriarcalización y revaloración de lo indígena (en la práctica, focalizado en una potenciación de lo aymara)— y un “Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo” alternativo al capitalista y orientado al desarrollo endógeno en economía e industrialización —heredero del fracasado pensamiento prébischiano de desarrollo autárquico sustituyendo importaciones—; para no abundar mucho en el modelo económico —propuesto por el grupo Los Duendes, formado por el actual Presidente junto con el fallecido Carlos Villegas Quiroga, ambos vinculados al Partido Socialista— y del que  han escrito en abundancia mucho más doctos en ello que yo, éste fue realmente exitoso en potenciar la demanda interna a través de transferencias de recursos ingresados por el súperciclo de precios de nuestras exportaciones —causa exclusivamente exógena— pero acabó su éxito cuando cayeron los precios internacionales sustituyéndose la caída de ingresos externos por endeudamiento público (interno y externo) y déficit presupuestario (agregue inversiones millonarias inútiles y sobreexplotación hidrocarburífera sin inversión en exploración).

El indigenismo del MAS-IPSP tuvo componentes fuertes del indianismo excluyente de lo “exógeno colonial” —ahora más en el discurso de Choquehuanca— pero el discurso de “Bolivia País Indígena” (y el constructio “Evo Líder Mundial del Indígenas”) quedó perforado en el Censo 2012, cuando —a pesar de sus falencias— dio que «41,7% (no “más del 90%” como afirmó una vez el vicepresidente Choquehuanca) se reconocían como indígenas originarios campesinos» (“De censos, racismos, mestizajes, miedos y confesiones”, Página Siete, 15 de abril de 2022). Si entendemos que en el Censo 2001 la autoadscripción fue del 61,3%, en 2012 hubo un 20% menos de autorreconocimiento, entonces ¿cuál sería esa autoadscripción IOC en 2022 (o 2023)? Y, sobre todo, ¿qué pasó? Pues que al emigrar a las ciudades (el mundo rural se despuebla), los jóvenes se mestizan cultural y socialmente. Pero un nuevo discurso realista “Bolivia País Mestizo” no cala en el imaginario masista.

(Para ver más data censal de este tema, anoto otra columna mía publicada en Página Siete y Los Tiempos: “Bolivia, la nación mestiza”, 29 de abril).

¿En 2022 era sí y en 2023 es NO?

El otro gran tema sobre el Censo es el cuándo. Y aunque fijar la fecha debe ser argumento técnico, el cuándo más que fecha es la temporalidad que desencadenará una larga secuencia de resultados.

Hagamos un poco de memoria: «El XI Censo de Población y Vivienda debió realizarse en 2010: la Ley N° 2105/2000 legisló [que los Censos] se efectuarán obligatoriamente todos los años terminados en cero»; sin embargo, ya ese Censo no se hizo en año en cero (2010): «se realizó en 2012 y demoró más de dos años en tener resultados oficiales, difundidos oficialmente el 30 de junio de 2016 (“casualmente después de convocadas las elecciones”)». (“El Censo desnudo”, Página Siete y Los Tiempos, 25 de julio).

El duodécimo tocaba en 2020 pero había pandemia, así que se fijó para el 16 de noviembre de este 2022 mediante un Decreto Supremo: el Nº 4546/2021, que lo declaró prioridad nacional; a partir de eso, el entonces director del INE y la entonces ministra con tuición continuamente declararon hasta mediados de este 2022 que todo estaba “bajo control” —a punta afilada— para hacer el censo en esa fecha aunque no dijeran cómo y en qué avanzaban. Y las dudas de muchos entonces pasaron a casi certezas, con argumentos sólidos que pedían información y decían “no se llega”. (Realmente no sé la razón de la entonces insistencia gubernamental en hacerlo a como fuera en 2022 porque —como veremos en poco— ¡al Gobierno —menos aun al MAS— NO le convenía hacerlo! Llegaremos a ello.)

Y ahí fue la —pretendida— “gran jugada” del Gobierno Nacional: convocó un Consejo Nacional de Autonomías (CNA) —inútil desde 2010 para aprobar un Pacto Fiscal— y «con ausentes que no debieron serlo, se aprobó pasar el censo para el 2024 “para hacerlo como debe ser” y un nuevo decreto supremo —el N° 4760 de fecha 14 de julio de 2022— lo pontificó, tirando el otro —el Nº 4546— al cesto de los derogados. En fin: que como los decretos supremos los hacen el Presidente y sus ministros, no es complicado hacerlos ni deshacerlos» (“El año del Bicentenario”, Página Siete y Los Tiempos, 14 de octubre).

Pero hasta esa reunión del CNA —repito: «con ausentes que no debieron serlo»—, ¿recién en julio desde el Gobierno Nacional “descubrieron” que no estaba listo el censo para 2022 y que “sólo podrían hacerlo en 2024”? Me pregunto, entonces, como muchos: ¿por qué no aprendieron a los dos mentirosos que habían estado engañando a todo el país?; porque todos sabemos que es sólo dar una rápida orden y las huestes limeñas podrían hacer los cepos.

«Y acá empezó la sogatira a la boliviana. Un departamento —Santa Cruz— proponiendo censo en 2023, un Gobierno negando esa posibilidad [hasta 2024], gobernadores callados o aceptando —“opositores”, cuasi oficialistas y oficialistas— y una decena de alcaldes entre que sí y que no. Y así hasta el cabildo —supervisado por el TDE [aún sin su informe]— y la propuesta de paro ciudadano aprobada por aclamación» (“El año del Bicentenario”).

Mañana es el paro, resta un día (“a la boliviana” llegando al filo del precipicio) para que pueda darse un desarme tensional que pide casi todo el país, sin imposiciones pero mostrando buena voluntad, y se podrá hacer un debate técnico —porque eso es el censo: eminentemente técnico— y se avance en consuno. Esa es una solución win win: gana el Gobierno Nacional “porque oyó al pueblo” y ganamos todos los que apoyamos el censo en 2023.

Pero, como en el debate sobre mestizo, indígena o no-indígena, la renuencia a moverlo al 2023 no es técnica: es política.

«Lo primero es guita: lógicamente, una fotografía dirá cuáles departamentos, municipios y universidades han crecido más y cuáles menos —o decrecido— y eso es repartir la pitanza […]. Y aunque haya poco que repartir […], habría que hacerlo. Pero si el Censo fuera en 2024 y sus resultados en 2025 o 2026, “se patea la pelota” para el próximo Gobierno» (“El año del Bicentenario”).

«Lo segundo es representatividad: a más porcentaje de población, más representatividad (así dice la Constitución) […]. Al igual que la guita, conviene a unos y no conviene a otros —y casualmente los emigradores vienen de los departamentos más fieles oficialistas. Pero si el censo fuera en 2024, y sus resultados en 2025 o 2026, “se patea la pelota” para las elecciones de 2030».

«Y lo tercero —que considero fundamental— es que si hay resultados del censo en 2024 (censo en 2023 y presión para resultados), sabríamos cuántos realmente  [viviríamos en Bolivia y], sobre el famoso padrón de 2009, sabríamos —con exactitud— cuántos podríamos votar en Bolivia […]. Pero si el censo fuera en 2024, y sus resultados en 2025 o 2026, “se patea la pelota” para las elecciones de 2030 y todo podría suceder en elecciones».

Me disculpo por citarme y no hacerlo de otros que han escrito posiblemente más preclaro que yo, pero es mi aporte —continuado desde lo que opiné para el Censo 2012 y ahora— al debate y al desbloqueo irreducto. Dios salve a Bolivia.

(Para quien quiera abundar en más data, lo invito a leer los citados y “El Censo desnudo”.)