Procuraduría pide investigar a los obispos; Iglesia cuestiona la justicia
La Procuraduría General del Estado (PGE) pidió a la Fiscalía investigar a los miembros de la Iglesia católica que posibilitaron la pacificación del país en 2019. La oposición y representantes de los clérigos sostienen que recrudece la persecución política y que es una acción de amedrentamiento.
La PGE manejada por Wilfredo Chávez, abogado de Evo Morales y el revisor de actas de los comicios de 2019, ahora solicitó procesar a los miembros del clero católico.
“Sabemos el tema de la persecución. Sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad en distintas cárceles del país por motivos políticos, claro, con otros pretextos: se buscan pretextos como terrorismo, confabulación, golpe de Estado. (...) Y si eso se va a extender a la Iglesia, no sería extraño. Lo hemos visto en Nicaragua, donde a un obispo lo han detenido porque no se ha querido acoger a la extradición”, afirmó el arzobispo de La Paz, Percy Galván.
Mediante memorial de la PGE al fiscal Omar Mejillones, encargado del caso golpe I, pide citar a declarar a los integrantes de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB): Ricardo Centellas Guzmán, quien era vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa Ribera, quien fue secretario general episcopal; Giovanni Édgar Arana, el obispo auxiliar de El Alto en 2019, y finalmente a José Fuentes Cano, quien fue secretario general adjunto de la CEB.
“Eso es amedrentar y creo que no es conocer la naturaleza de la Iglesia. Eso más bien nos da fortaleza, nos afirma de aquello que estamos haciendo con cariño y respeto de la Constitución y las autoridades”, dijo Galván.
Homilía
En los servicios dominicales se abordó el tema de la malla curricular, libertad, la justicia y su manoseo en manos del poder.
El arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue, dijo: “Porque tienen la autoridad se sienten capaces de poner peso a la ley, pero no son capaces de cumplirla”.
Agregó que “debe haber justicia y tiene que pagar el que comete un error; pero la manera cómo se lo está haciendo, ahí está el problema”.
“Mentira tras mentira”
Galván refirió: “Cuando administramos la justicia, todo apunta al rencor, a la venganza, al odio, a la castración y al linchamiento”.
“Toda justicia, toda ley apunta a la verdad, pero ¿qué es lo que campea en el mundo, en los medios de comunicación, en los labios de nuestras autoridades? Mentira tras mentira”, lamentó el obispo, al agregar que “a nuestras autoridades ni se les cambia el rostro cuando mienten en los medios de comunicación”.
Exautoridades detenidas
En la administración de Luis Arce se ha promovido la detención y persecución de exautoridades y opositores, por supuesto delito de terrorismo y otros.
- Jeanine Áñez, expresidenta.
- Marco Antonio Pumari, excívico.
- Luis Fernando Camacho, Gobernador de Santa Cruz.
- Juan Carlos Manuel (+), líder cívico.
- Franklin “Matador” Mamani, policía.
- Pastor Mendieta, militar.
- Gonzalo Terceros, militar.
- Palmiro Jarjuri, militar.
- Marcel Rivas, exdirector de Migración.
Ven que Gobierno replica práctica nicaragüense
La oposición y otros sectores consideran que el Gobierno de Luis Arce emula las prácticas del régimen nicaragüense con la persecución política en todo nivel, con el único fin de imponer su teoría de golpe.
“El dictador de @LuchoXBolivia busca replicar las mismas prácticas que el régimen de @DanielOrtegasa en Nicaragua. ¿Qué sigue? ¿Arce también va a buscar desterrar de #Bolivia a quienes piensan distinto a su organización criminal?”, cuestionó la diputada Luisa Nayar a través de su cuenta de Twitter.
El expresidente Carlos Mesa refiere que el masismo busca tapar el fraude de 2019.
“En su afán de ocultar el fraude monumental de 2019 evidenciado por la OEA, la UE y observadores internacionales, y emulando al dictador Ortega, el MAS ahora busca perseguir a obispos que defienden la democracia y los DDHH. La persecución política en su más cruda ejecución”, escribe.
El representante del Conade, Manuel Morales, dijo que ese pedido “es inaceptable y la Fiscalía ha declarado que los obispos de la Iglesia gozan de una protección a nivel diplomático. (...) Ellos no pueden ser juzgados por un supuesto golpe de Estado que jamás existió”, dijo.
