Lima dice que los cambios que piden los juristas se pueden ver para 2029
El ministro de Justicia, Iván Lima, descartó ayer la posibilidad de implementar este año la propuesta de los juristas independientes que impulsan la reforma judicial vía referendo y aseguró que los cambios, de aprobarse, podrían considerarse recién en 2029.
Una reforma judicial antes de las elecciones judiciales de octubre está “totalmente descartada” debido a que los plazos “no son compatibles”, por lo que la oposición política “debería dejar de esconderse como avestruz” y trabajar en presentar candidatos para que vayan a las elecciones de octubre, declaró Lima.
“Hay obstáculos insalvables para aplicar (un referendo) antes del 15 de julio. El 15 de julio no va a terminar esta propuesta de los juristas y tenemos una Constitución que culmina el mandato de las 26 altas autoridades judiciales en diciembre, por lo tanto, descartamos totalmente la posibilidad de que haya una modificación constitucional”, afirmó el Ministro.
Los juristas independientes proponen la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para cambiar el sistema de preselección de altos magistrados con el fin de garantizar su idoneidad e independencia, a través del referendo popular.
Sobre las elecciones judiciales, Lima aseguró que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) avanza a paso firme para que la convocatoria a las postulaciones y el reglamento puedan ser aprobados.
Lima mencionó en reiteradas oportunidades que la reforma de justicia no pasa solamente por la elección de los magistrados.
Los juristas independientes se encuentran en la etapa de recolección de firmas de adhesión ciudadana con el fin de lograr 1,5 millones de rúbricas para ir a un referendo.
Antonio Rivera, integrante de juristas independientes, lamentó que desde el Ministerio de Justicia no se haya trabajado en un proyecto serio de reforma judicial desde 2021, pese a las recomendaciones de organismos internacionales.
Recordó que el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García Sayán, se refirió a la necesidad de contar personal idóneo y garantizar la independencia judicial.
Rivera aclaró que la propuesta de los juristas no es sólo acerca de la elección de magistrados; también están el presupuesto para el Órgano Judicial, la conformación de jueces de paz y la reivindicación de la ley de deslinde jurisdiccional.
Lima señaló que la reforma judicial debe ser estructural y desde su cartera se contemplan ajustes en la normativa, fortalecimiento de la carrera judicial, implementación de tecnología, acceso a la justicia, lucha contra la corrupción, mejora en el presupuesto y la elección de magistrados.
La justicia en Bolivia fue observada por, al menos, cinco organismos internacionales y otras organizaciones.
Avance en la reforma judicial
El ministro Iván Lima sostuvo que se avanza en la reforma de la Ley 348.
Además, presentaron un proyecto de ley para adecuar la normativa al orden jurídico internacional referido a los derechos humanos.
También trabajan en la socialización del nuevo Código de Comercio.
Sobre la carrera judicial, destacó la formación de jueces en la Escuela de Jueces y de auditores jurídicos.
CIDH llegará a Bolivia en marzo y visitará cárceles
TATIANA CASTRO
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó ayer que la última semana de marzo llegarán a Bolivia siete delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Los siete comisionados vienen al país para escuchar a las organizaciones sociales, para que se vea que no hay perseguidos políticos y que se respeta el debido proceso”, sostuvo.
Lima precisó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, podrá reunirse con los delegados de la CIDH, junto con otros presos de Chonchocoro.
Aseguró que una comisión de ese organismo llegará al país a reunirse con los privados de libertad de todos los recintos carcelarios del país y afirmó que el Gobierno brindará la información que requiera.
“No vamos a ocultar ninguna información; nuestra posición es que en el caso Camacho y en todos los casos en el país se respete el debido proceso”, señaló.
