ANAPO repudia la toma violenta de tierras y alerta sobre la profundización de la inseguridad jurídica para los productores
El pasado 27 de marzo, el sector agropecuario ha sido sacudido nuevamente por la violencia de avasalladores de tierras, quienes, sin detentar título alguno, quieren apropiarse por la fuerza del predio Santagro, que hace 25 años está produciendo alimentos para el país.
Desde 2021, alertamos públicamente que la falta de sanciones efectivas a quienes toman irregularmente las tierras podía generar una escalada de violencia. Los hechos ocurridos en el predio Santagro, confirman esta advertencia, con el lamentable resultado de la pérdida de vidas humanas.
Para la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), el mayor bien a proteger es la vida de los bolivianos, por lo que nos solidarizamos con las familias de las personas que han fallecido.
Consideramos que la responsabilidad de lo sucedido, proviene de la inacción de los órganos competentes del Estado en la protección de la vida, la actividad productiva y de la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, en el marco del cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado.
En ese contexto, expresamos lo siguiente:
- Repudiamos el delito de la toma de tierras públicas y privadas en el territorio nacional, cuyos principales afectados son los productores de alimentos, quienes, como los propietarios del predio Santagro, se sienten en la más absoluta indefensión ante el incumplimiento de la ley de parte de las autoridades llamadas a hacerlo, como el Instituto de Reforma Agraria (INRA), el Ministerio Público, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), la Policía Nacional y el órgano judicial.
- Solicitamos a las autoridades llamadas por Ley, cumplir la palabra y compromiso del Presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, quien de manera pública ha afirmado que no se van a tolerar los avasallamientos, ni el tráfico de tierras en nuestro país.
- La Policía Boliviana debe cumplir con su rol constitucional de precautelar el orden público y proteger a la sociedad civil de grupos irregulares y armados, quienes han golpeado, secuestrado y amenazado a productores, sus familias y trabajadores, generando inseguridad jurídica.
- Exigimos que los órganos del Estado precautelen y garanticen el derecho de propiedad, el derecho a la vida y al trabajo de los productores que invierten en la producción de alimentos para el país.
- Finalmente, dejamos plenamente establecido que brindaremos todo el apoyo necesario a nuestros productores asociados que son amenazados o afectados por grupos irregulares que avasallan y toman tierras productivas.
Santa Cruz, 31 de marzo de 2023
