¿Habrá elecciones judiciales antes de las generales?
El escaso número de postulantes a la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, además de otros factores, permiten cuestionarse acerca de la real posibilidad de que esos comicios tengan lugar dentro de cinco o seis meses, como lo proyecta el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en función de los plazos establecidos en la ley correspondiente.
Cuando faltan pocos días para el cierre del plazo de recepción de esas postulaciones —el domingo 10 de marzo a mediodía—, hasta el fin de la jornada del miércoles había 50 personas, nueve de ellas mujeres, que cumplieron ese trámite.
El muy boliviano hábito de esperar hasta el último momento para cumplir lo que se pretende hacer podría explicar el reducido número de personas registradas en la instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) habilitada para ese fin.
Pero algunos de los términos impuestos por la “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024” dan a lugar cierta incertidumbre sobre la factibilidad de su cumplimiento.
Uno de ellos es el número mínimo de postulantes que deben conformar las listas de los candidatos preseleccionados, 96 en total, 36 para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 30 para el Supremo de Justicia, 14 para el Agroambiental y 10 para el Consejo de la Magistratura.
Además, cada una de esas cuatro listas debe respetar “la equidad de género y participación indígena originaria campesino”. Es decir que en cada grupo de cuatro aspirantes —uno para cada instancia judicial— “deben ir dos hombres y dos mujeres; uno de los cuatro debe ser indígena”, como lo especificó anteayer el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe.
Si esas condiciones, de número e inclusión estipuladas por la ley, no se cumplen en todas las cuatro listas, el procedimiento para la realización de las elecciones judiciales podría verse interrumpido y, en consecuencia, la convocatoria tendría que declararse desierta, un riesgo evocado por el presidente de una bancada opositora en Diputados.
De ser así, tendría que votarse una nueva ley de convocatoria a elecciones judiciales, lo cual retrasará aún más su realización —que ya lleva una demora de tres meses—.
Y no existe certidumbre acerca de que eso sea posible en un mediano plazo, pues, como es útil recordarlo, la norma legal necesaria para esos comicios fue aprobada en la ALP como fruto de negociaciones políticas resultantes de la necesidad de poner fin a 16 días de bloqueo carretero ejecutado por organizaciones afines al ala evista del MAS exigiendo, precisamente, que se debata y sancione esa ley.
Ese es el panorama en el que transcurren los últimos días del registro de postulantes a unas elecciones que en sus dos anteriores versiones registraron, en promedio, más del 60 por ciento de votos nulos y blancos.
