Bolivia enfrenta un total de 119 casos en la CIDH y la Corte IDH
El procurador General del Estado, César Siles, informó este viernes que el país enfrenta, en total, 119 casos en el sistema interamericano de Justicia, que integran la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte-IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las peticiones son por distintas vulneraciones a derechos humanos; sin embargo, priorizarán la atención de 48.
La Autoridad desatacó que actualmente la PGE representa un total de 119 casos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, distribuidos tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana.
"Dentro de estos casos, 108 se encuentran en trámites internacionales ante la CIDH, los cuales están en diversas etapas procesales. Es esencial señalar que 72 de estas peticiones están en la etapa de admisibilidad, lo que implica que el Estado Boliviano ha presentado escritos y excepciones, asumiendo la defensa a través de la Procuraduría General del Estado. De estas, nueve están listas para el informe de admisibilidad, 57 están procesalmente listas, y seis podrían ser archivadas", señala una nota de prensa.
Además, 25 casos están en la etapa de fondo, indicando que las peticiones han sido admitidas. Seis de estos casos están en trámite sustantivo pendiente, mientras que 19 están procesalmente listos para una posible solución amistosa o para avanzar hacia un informe de fondo.
Entre los casos más relevantes, se han priorizado 48 trámites internacionales en la CIDH, incluyendo los relacionados con la estabilidad laboral de ex jueces transitorios y el caso del terrorismo, donde se han presentado siete peticiones. También se esta abordando seis casos de tortura, tratos crueles y actos del gobierno de facto de 2019, así como tres peticiones de violencia contra niños y mujeres.
Al momento, el Estado pagó alrededor de tres millones de dólares por concepto de compensaciones en ocho sentencias en la Corte-IDH. Sin embargo, aseguró que ese dinero se recuperará mediante una ley de acción de repetición que tiene que ser tratada en la Asamblea Legislativa.
