¿Desaparecidos?
La alarma por personas reportadas como desaparecidas en Bolivia crece cada día. El año pasado, la Policía registró 3.409 denuncias, de las cuales 556 fueron investigadas por el delito de trata y tráfico. El 84%, es decir, 2.924 personas, fueron encontradas o retornaron a sus hogares en 2023.
La Dirección Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas informó que, del total, el 64% son niños, adolescentes e incluso jóvenes que tienen problemas familiares con ambientes violentos; el 26% corresponde a problemas de conducta y casos repetitivos, como “salir a fiestas o reuniones y no regresar a casa durante dos días”, y aproximadamente el 7% por problemas sentimentales.
Un caso que podría enmarcarse dentro de este 26% es el que se conoció la semana pasada en Cochabamba cuando una adolescente de 14 años fingió su secuestro para huir con su enamorado, también menor de edad. No le importó la preocupación y la desesperación que causó a su familia, ya que la joven continuó con sus planes hasta que la Policía dio con su paradero.
”Se informa a la población que se logró rescatar a la menor de edad Liliana B. C. (14 años), quien el pasado 9 de mayo en Cochabamba anunció que un vehículo la estaba siguiendo y nunca llegó a su unidad educativa y posteriormente desapareció”, escribió en sus redes sociales el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El Ministro exhortó a los padres de familia a ejercer un mayor control con sus hijos para evitar hechos similares y para que los menores de edad no tomen decisiones que provoquen “una preocupación innecesaria”.
Una arista es la zozobra causada a la familia de la persona supuestamente desaparecida, pero otra es la que se refiere al trabajo de las instancias que se encargan de planificar y ejecutar la búsqueda. Casos como éstos provocan que se movilice al personal de seguridad para seguir el rastro de hombres o mujeres que no están en riesgo, en detrimento de otros que sí lo están.
Ante esta situación, es necesario reforzar las palabras de Del Castillo para que los padres, pero además las unidades educativas, consideradas como “segundo hogar”, ofrezcan un mayor apoyo a los adolescentes para solucionar conflictos a tiempo.
Otro caso, ocurrido en Tarija en agosto del año pasado, implicó a una mujer que fingió su secuestro y el de su hija de no más de un año, para pedir a su marido 15 mil bolivianos. La mujer, posteriormente, fue procesada por secuestro, extorsión y estafa.
Estas personas deben tener en cuenta el perjuicio que causan no sólo a los familiares, sino también a las instituciones de seguridad y el gasto de recursos económicos que representa para el Estado.
