Elecciones sin árbitro

El resultado verdaderamente decisivo de la votación del domingo 14 de diciembre es la consagración del colapso del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o, más propiamente, del Órgano o poder electoral del país. Lo ocurrido prueba que la próxima elección nacional será definida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), no por los electores, que determinará y sentenciará quienes serán los elegidos. El TSE será una figura ornamental para llenar formulismos.

Nuevamente, en la última “elección judicial” se ha votado por una nómina de candidatos apenas conocida por unos pocos parlamentarios, modificada por órdenes del TCP y con una capacidad esencialmente nula de la ciudadanía para definir —y menos elegir— a candidato alguno.

Todos los recursos presentados por candidatos aplazados durante el proceso de selección, y aceptados por las Salas Constitucionales que lo paralizaron, y, después, la sentencia constitucional de la Sala IV del TCP, compuesta por dos violadores seriales de la Constitución, ordenando que sólo se elijan a cuatro de los nueve miembros del TCP son completamente ilegales, inconstitucionales y expresamente dirigidos a mantener en sus puestos a los cinco “tribunos” autoprorrogados.

La misión de estos funcionarios del TCP es garantizar que, en agosto de 2025, se imponga y posesione el candidato presidencial de las facción gobiernista del MAS, sin importar la cantidad de votos que obtenga.

Si esa estrategia falla, el TCP sentenciará la prorroga de los mandatos de Arce y su gabinete. Así sucederá mientras el Legislativo, el Órgano Plurinacional Electoral (OEP) y la ciudadanía acepten en silencio la arbitrariedad como se ha hecho con las perpetradas hasta ahora.

Ni la Asamblea Legislativa (órgano o poder Legislativo), ni el Órgano Electoral debieron acatar órdenes arbitrarias que les cercenaban su propio poder usurpando funciones que, ejercidas por usurpadores, son automática e irremediablemente nulas. Lo mismo se aplica a la sentencia del TCP que rompió el riguroso proceder del TSE respecto a la personería, congresos y directivas del MAS, porque ninguno de los dos grupos ni sus congresos cumplió los requisitos establecidos por el estatuto interno del MAS.

El momento en que el TSE agachó la cabeza, acató la orden de unos funcionarios ilegales e ilegítimos hasta la médula y accedió a aceptar la exclusión de cinco plazas para la elección de nuevos miembros del TCP, renunció en los hechos a ser la autoridad electoral del país para la votación del domingo pasado y para las elecciones nacionales de agosto.

Si su fidelidad a cumplir su juramento de respetar la Constitución por encima de cualquier otra consideración, y su resistencia a aceptar órdenes políticas bastardas los hubiesen conducido a enfrentarse al aparato judicial, cómplice del Ejecutivo, habrían cumplido su deber y abierto el camino para que la sociedad en su conjunto enfrente la suma de aberraciones que se han desencadenado desde que el TCP invalidó la decisión popular de febrero de 2016, con sus sentencia sobre reelección continua, en noviembre de 2017.

La última jornada electoral descalifica completamente las equivocadas acusaciones de que el sistema judicial marcha mal en el país, porque sus miembros son ahora elegidos por voto popular. No son los electores los que fallan, al contrario, con su blancos y nulos ratifican su sagacidad. Mientras los postulantes se recluten o seleccionen, como aspirantes o candidatos, por el poder político los jueces serán rehenes de ese poder.

Para aproximarnos a la autonomía de los jueces lo que debe reformarse es la exclusión del Legislativo y el Ejecutivo en el proceso de selección y, desde luego, establecer contrapesos y controles para sus decisiones, impidiendo que personas o instituciones se coloquen por encima de la Constitución.

Preparar la nueva elección nacional, fingiendo demencia y aceptando que un grupo de delincuentes, que han empezado a darse golpecitos de Estado internos (con el abrupto cambio del anterior presidente del TCP por el señor Hurtado, gran operador oficial de la Sala IV) es convertirse en cómplices abiertos del quebrantamiento total del orden democrático del país.

La angustia e incertidumbre diaria que vive la población ante el desmoronamiento económico distrae de la mayoría de los enredos políticos, jurídicos y electorales, haciendo perder de vista que todos ellos afectan negativamente el área económica, retrasando y disminuyendo la posibilidad de solucionar esos problemas.

La única manera de tener elecciones nacionales creíbles en 2025 es destituir a los autoprorrogados, enjuiciarlos por sus crímenes. Si los órganos Ejecutivo y Judicial se han coaligado para desconocer la Constitución, todas las demás instituciones deben resistirlo, invocando a la movilización social para terminar con esta época de reinado de la cobardía y la hipocresía que amenaza con ahogar nuestra libertad.