El caso de doña Emilia evidencia que persiste la discriminación en el país
Doña Emilia, la mujer que, junto a su nieto, fue agredida verbalmente por recoger tunas en una zona de Achumani, en la ciudad de La Paz, ha traído nuevamente a la mesa del debate varios temas latentes que exponen lo jurídico y lo social en el país; el racismo y discriminación.
Para el activista en Derechos Humanos Franco Albarracín, el caso evidencia un posible acto de racismo y discriminación, abordado desde diferentes esferas “comenzando por la estructural”, afirma.
En Bolivia, sostiene el experto, persisten estructuras coloniales de discriminación que afectan principalmente a los pueblos indígenas, quienes continúan enfrentando contextos de exclusión donde el racismo no siempre se manifiesta de forma explícita.
Albarracín añade que el caso reciente de Emilia refleja un posible racismo interpersonal, señala que es razonable inferir que la agresión verbal hacia la señora estuvo motivada o al menos intensificada por su apariencia, incluyendo su vestimenta tradicional y rasgos físicos.
“Es importante señalar que, probablemente, si la persona recolectando tunas hubiera sido alguien de tez blanca y vestimenta “occidental”, el trato recibido por parte del agresor habría sido distinto, o al menos mucho menos intenso”, enfatiza.
“Racismo espacial”
Albarracín establece que este hecho en particular apunta hacia una dimensión de racismo espacial, donde ciertos espacios geográficos son socialmente definidos como “exclusivos” para determinados grupos étnicos y sociales.
“Este fenómeno refuerza una jerarquización basada en la clase, el origen y la apariencia física, perpetuando dinámicas de exclusión y desigualdad en contextos urbanos como el de este caso”, anota.
Ley 045
En diálogo con Los Tiempos, la proyectista y redactora de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, Marianela Paco Durán, dijo que la discriminación y el racismo son problemas estructurales y multidimensionales que podrían catalogarse como taras sociales heredadas del período colonial y reforzadas por el sistema capitalista neoliberal globalizado. “Este sistema se basa en privilegios y exclusividades para unos pocos, perpetuándose a través de la desigualdad y las injusticias sociales”, señaló.
Paco advierte que las leyes y la concientización social pueden funcionar si se implementan con seriedad, consistencia y sostenibilidad y si cuentan con un compromiso real de las voluntades políticas.
Paco acota que, aunque el problema persiste, es importante destacar que la Ley 045 (Contra el Racismo y la Discriminación) ha logrado reducir, en gran medida, la discriminación racializada, gracias a la sensibilización social que generó. “Sin embargo, es fundamental evitar que este progreso se reduzca a una moda temporal o, a fenómenos virales efímeros, como los memes. La conciencia colectiva sobre el repudio a la discriminación racial debe ser permanente y no momentánea”, advirtió.
Nuestra bolivianidad, afirma Paco, es diversa y desafiada a autorreconocerse, autovalorarse y autoconcienciarse sobre nuestras capacidades y tomar nuestros destinos en nuestras manos, y en unidad construir un futuro con dignidad.
En tanto, Albarracín afirma que las leyes y la concienciación “definitivamente no funcionan”. Los distintos conflictos sociales ocurridos en los últimos años muestran que las leyes contra el racismo y las supuestas políticas de concienciación no funcionan en el país, asegura el activista.
“El problema radica en que estas leyes han sido instrumentalizadas con fines político-partidarios, utilizándose en muchos casos para proteger a altos funcionarios del partido oficialista, perseguir adversarios políticos o incluso restringir el derecho a la libertad de expresión”, concluyó Albarracín.
Posibles sanciones
Para el abogado Daniel Valverde, las sanciones que podría recibir el sujeto que agredió verbalmente a Emilia dependerán del desarrollo de un proceso. Valverde indica que la ley establece una pena de uno a cinco años de cárcel, “que puede ser agravada en un tercio, en algunos casos”.
