TCP suspende aplicación de la disposición 7.ª del PGE; la CNI celebra la decisión
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió suspender de manera provisional la aplicación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que otorgaba al Gobierno la facultad de decomisar productos. Esta medida se adopta tras la aceptación de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado Miguel Roca, quien impugnó los primeros dos párrafos de la normativa. En consecuencia, esos apartados quedan suspendidos hasta que se resuelva el fondo del asunto.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, detalló que la suspensión permanecerá vigente hasta la emisión de una sentencia definitiva. La resolución se da en un contexto de creciente debate social y económico, marcado por movilizaciones organizadas por un comité multisectorial que rechazaba la disposición, al considerarla perjudicial para los sectores productivos y comerciales.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 había desatado un fuerte rechazo, especialmente en los sectores empresariales. A través de esta normativa, el Gobierno buscaba ampliar sus facultades para decomisar productos, una medida que fue vista como un riesgo para la propiedad privada. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) fue una de las primeras organizaciones en cuestionarla, tachándola de confiscatoria y de una vulneración de los derechos constitucionales.
“Victoria parcial”
Pablo Camacho, presidente de la CNI, calificó la suspensión como una “victoria parcial” para el sector industrial. “Esta decisión del TCP es un acto de defensa y respeto a los derechos de la actividad económica y la propiedad privada, tal como lo garantiza nuestra Constitución”, afirmó Camacho, quien añadió que la CNI continuará luchando para que la disposición sea anulada de manera definitiva.
La suspensión temporal de la disposición tiene importantes repercusiones. De momento, se impide que el Gobierno lleve a cabo decomisos bajo esta normativa, lo que podría disminuir las tensiones sociales originadas por el temor a los efectos de esta medida. No obstante, el debate sigue abierto, y se espera que el TCP resuelva el fondo del recurso en las próximas semanas, lo cual podría determinar el futuro de la disposición.
Adicionalmente, el TCP prohibió el tratamiento de cualquier legislación relacionada con la disposición impugnada hasta que se dicte la sentencia definitiva.
