Presidente del TSJ exige salida de magistrados autoprorrogados
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, acusó ayer a los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de haber causado daño a la democracia. Les instó a renunciar o a esperar ser cesados de sus cargos mediante una ley ya aprobada en el Senado, la cual será tratada próximamente en la Cámara de Diputados.
“Hay dos caminos, renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad, o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes. ¡Bolivia debe recuperar la institucionalidad!”, señaló Saucedo en su cuenta de “X”.
El presidente del TSJ afirmó que una de las instituciones que más daño le ha hecho a Bolivia y a la democracia es el TCP, “a través de los magistrados autoprorrogados”.
“No podemos permitir que un puñado de personas destruya la institucionalidad. La Asamblea Legislativa ya aprobó en el Senado una ley para cesar su mandato, y actualmente falta su consideración en la Cámara de Diputados”, aseguró en su publicación.
Saucedo acusó además al TCP, bajo la conducción de los magistrados autoprorrogados, de ser una de las instituciones que más daño ha causado a la institucionalidad democrática del país.
La publicación iba acompañada de una imagen con los cinco magistrados “prorrogados”, entre ellos el actual presidente del TCP, Gonzalo Miguel Hurtado (Beni); René Yván Espada (Pando), Karem Lorena Gallardo (Cochabamba), Isidora Jiménez Castro (Santa Cruz) y Julia Elizabeth Cornejo (Tarija).
Los mencionados son los magistrados que permanecieron en sus cargos a pesar de haber concluido el periodo legal para ejercer funciones en el máximo órgano constitucional de Bolivia. Esto se debe a que las Elecciones Judiciales del 15 de diciembre de 2024 sólo renovaron a los magistrados de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.
El pronunciamiento surge tras la aprobación, la pasada semana, del proyecto de Ley de adecuación constitucional del funcionamiento transitorio y excepcional del TSJ y el TCP, que dispone la cesación inmediata de las autoridades que permanecen en funciones pese a que su mandato feneció en enero de 2023.
El proyecto de ley tiene alcance también para los prorrogados del TSJ, es decir, Carlos Egüez y Ricardo Torres.
