Los desafíos de Rodrigo Paz ante un país en crisis

Bolivia ingresa a una nueva etapa política marcada por la esperanza y la incertidumbre. El presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, asume el mando con el compromiso de sacar al país de la profunda crisis económica, política y social que heredó. Desde los primeros días posteriores a su elección, ha iniciado gestiones internacionales con Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, buscando garantizar el abastecimiento de combustibles y estabilizar el sector energético. Paralelamente, al interior del país, ha sostenido reuniones con empresarios, transportistas, comerciantes y gremiales para encaminar acuerdos que permitan superar la escasez y recuperar la confianza en la economía nacional.

El desafío es mayúsculo. Diversos sectores, cívicos, agroindustriales, empresariales y productivos, han expresado su respaldo, pero también su exigencia: cumplir con las promesas electorales que generaron expectativa durante la campaña. Se abre así un periodo de prueba en el que la credibilidad del nuevo gobierno dependerá de su capacidad para convertir el discurso en resultados. Todo indica que se busca inaugurar una relación franca entre el Estado y los sectores productivos, basada en la cooperación público-privada y el diálogo responsable.

En este contexto, la política cobra su sentido esencial: resolver problemas, no crearlos. La función más noble de la acción política es atender las necesidades colectivas y prevenir los conflictos mediante consensos y acuerdos sostenibles. En efecto, la política es “anticonflicto”, en tanto actúa como mecanismo de mediación que canaliza las diferencias sociales dentro de un marco institucional. Sin embargo, cuando las promesas se incumplen o las decisiones se postergan, la frustración social reaparece y con ella la confrontación, el conflicto.

Michael J. Sodaro recuerda que el conflicto es, paradójicamente, la fuerza motriz de la política. En toda sociedad, aun cuando existe consenso sobre los fines comunes —seguridad y bienestar—, las discrepancias surgen en torno a los medios para alcanzarlos. Por ello, la capacidad del Estado para gestionar esos conflictos se convierte en el termómetro de su solidez institucional.

Al lado de ello, la autoridad estatal, entendida como el centro de decisión legítimo, es un elemento clave para mantener el equilibrio político. Su legitimidad proviene del reconocimiento voluntario que la sociedad otorga al derecho de gobernar. Como explica Jean-Marc Coicaud, la legitimidad justifica simultáneamente el poder y la obediencia: se gobierna con autoridad cuando se gobierna con consentimiento. Pero este consentimiento no se decreta, se construye cada día a partir del cumplimiento de tres condiciones básicas: respetar la ley, decidir conforme a valores democráticos y mantener la confianza ciudadana.

Con todo y lo anterior, cuando estos pilares se erosionan, el riesgo es evidente: se debilita la legitimidad y con ella la gobernabilidad. Sin legitimidad, el poder se convierte en mera imposición; sin gobernabilidad, el Estado pierde la capacidad de tomar decisiones eficaces. Gobernar implica administrar expectativas, equilibrar intereses y demostrar resultados concretos. La ciudadanía, cansada de discursos, exige eficacia, transparencia y soluciones tangibles.

Hay que advertir que, el nuevo gobierno enfrenta una Bolivia fragmentada: polarizada ideológicamente, tensionada por amenazas de bloqueos y atrapada en un clima de desconfianza política. Las teorías del complot y la sospecha constante, esa “política de la confabulación invisible” descrita por Ricardo Piglia, se instalan como narrativas que distorsionan el debate público y dificultan los acuerdos.

Rodrigo Paz tiene, por tanto, un reto histórico: reconstruir la confianza entre la ciudadanía y el poder político. Para lograrlo deberá demostrar que la legitimidad no se agota en el voto, sino que se renueva en cada decisión acertada; que la gobernabilidad no depende solo de la fuerza del Ejecutivo, sino del consenso social que logre tejer. En suma, el nuevo presidente deberá probar que el poder, cuando se ejerce con responsabilidad y sentido ético, puede convertirse en el instrumento más eficaz para devolverle al país la estabilidad que tanto anhela.

El autor es docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSS