Cómo aplicar la justicia a quienes la desprecian

Walter Guevara, en su artículo "Cómo acabar con los bloqueos", afirma que el Gobierno “ganará la partida si logra controlar el financiamiento que incita los bloqueos... y merecerán nuestro respeto si identifican y apresan a la cúpula de estrategas que son los máximos responsables de los bloqueos”.

Concluye con “los afectados por los bloqueos podemos facilitar esa difícil tarea. Basta que salgamos a calles y caminos para apoyar masiva y pacíficamente a nuestra policía y nuestros militares”.

Comparto la indignación de Walter por los daños que está ocasionando a todo el país “la pequeña cúpula que planifica, organiza y financia bloqueos... que incluye experimentados estrategas políticos y financiadores con bolsillos muy profundos” pero que “jamás aparece sobre el terreno.”

Pero, precisamente porque los culpables jamás aparecen sobre el terreno, acompañar a las fuerzas de seguridad en los desbloqueos nos enfrentaría a personas usadas por la cúpula como simple carne de cañón, y complicaría las tareas de la Policía y las FFAA que tendrían la tarea adicional de proteger a sus acompañantes civiles, voluntarios bien intencionados, pero nada preparados para manejarse en situaciones de violencia y de enfrentamientos.

A quienes debemos exigir resarcimiento de daños y castigar por haber generado los daños es a los dirigentes que promovieron, alientan o imponen los bloqueos y la violencia contra la ciudadanía.

La forma práctica y directa de hacerlo es iniciar acciones legales, por daños y perjuicios, dirigidas individualmente a cada uno de los dirigentes de las organizaciones que convocan a los bloqueos, y de las personas que pudieran ser identificadas en las acciones de violencia para imponerlos.

Por ejemplo, una noticia que surge mientras escribo esta nota señala que más de 20.000 camiones están atrapados en las carreteras; muchos conductores sufren de neumonía y requieren atención médica, enfrentan grandes pérdidas, costos adicionales y multas, además del daño físico y emocional por falta de alimentos, separación familiar, etcétera.

En general, miles de personas, empresas productivas y comerciales y hasta pequeños agricultores en Mecapaca, La Paz, por dar un ejemplo, han tenido múltiples pérdidas por temas de mercado y abastecimientos. En suma, diferentes fuentes estiman un daño económico del orden de $us 2.500 millones a nivel nacional, a lo que se suman cuando menos una docena de muertes que ningún dinero puede revertir.

Puntualmente, entre La Paz y El Alto, unos 60.000 choferes del transporte público están perjudicados con la pérdida de ingresos diarios de subsistencia familiar y más de 50.000 personas habrían perdido sus empleos. Pero Mario Argollo no perderá ni un centavo de sus ¿Bs 45.000? mensuales (más las “cartas y espadas” que podría estar recibiendo de quienes financian estos movimientos).

Las personas de a pie no tienen las condiciones ni los recursos para recurrir a la justicia por sí solas. Los profesionales, las facultades de derecho, y la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, como servicio a la sociedad, deberían analizar escenarios y formular estrategias jurídicas para que cada transportista, empresa o, en general, cualquier persona natural o jurídica afectada –incluyendo comunidades como las de Río Abajo, en La Paz–, inicien acciones legales individualizadas contra las personas que conforman las dirigencias de la COB, federaciópn de campesinos Túpac Katari, cocaleros del Chapare, interculturales, etcétera, buscando el efectivo resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados, más las penalidades y las costas judiciales.

La idea de fondo, es que los daños fueron causados, tanto por las personas que impidieron el paso de ambulancias o del combustible para los transportistas, como por los dirigentes que instruyeron esas acciones. Solo podrían eximirse de responsabilidad, quienes dejaron constancia expresa de desacuerdo cuando se decidieron las acciones cuestionadas.

Con este enfoque se buscaría que, de aquí en más, ninguna dirigencia de las organizaciones sociales oculte sus intereses políticos, ni pretenda deslindar su responsabilidad sobre la consecuencia de sus actos, bajo el trillado discurso del “mandato de las bases”: si las bases son las que mandan, los dirigentes se reducen a vividores que solo cuidan sus privilegios, lo que los hace aún más culpables.

El propósito de las acciones sugeridas, es asegurar que la responsabilidad de reparación de daños a los miles (millones) de afectados, recaiga sobre los dirigentes.

Para ilustrar el proceso, si solo 100 "trufistas" en La Paz iniciaran demandas legales individualizadas a 10 dirigentes de la COB, Túpac u otras organizaciones, y eventualmente llegaran a acuerdos transaccionales para que cada dirigente reconozca compensar con Bs 600 por semana de perjuicio, cada trufista recibiría Bs 36.000 si los bloqueos terminan este fin de semana (Bs 3.600 de cada dirigente por las seis semanas de bloqueo); pero, para los 100 trufistas en total, cada dirigente deberá “soltar” Bs 360.000, más costos legales.

Quizás no es mucho para quienes ganan Bs 45.000 al mes, pero si en lugar de 100 demandas se les inician 1.000 o más procesos, es muy probable que no estarían muy inclinados a repetir el intento en el futuro.

¿Estará la administración de la justicia a la altura del desafío? Es muy probable que habría casos en los que se trataría de proteger dirigentes; pero si los profesionales, la academia jurídica y las universidades hacen un buen planteamiento base sobre las relaciones y corresponsabilidades que se reconocen, a nivel mundial, entre quienes cometen delitos y quienes los ordenan o los encargan, la ciudadanía tendría los elementos de juicio básicos para ejercer la presión social necesaria que obligue, de ahora en más, a que la justicia recupere su sitial dentro de la institucionalidad.

El autor, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo