Hacia un internet de derechos
Internet puede ser bien sólo una tecnología, o puede convertirse en un espacio para potenciar la ciudadanía boliviana. La primera implica ver a internet como solamente infraestructura: cables, antenas y señales invisibles en el aire. La segunda es ver internet como un espacio de deliberación pública, un potenciador de la libertad de expresión y del derecho a la asociación. Estas dos visiones las resumo así: internet para el solucionismo tecnológico e internet para los derechos ciudadanos.
En Bolivia estamos ingresando a una fase de planteamiento de internet como un factor del desarrollo social y económico. Estamos enfrente de una mayor "digitalización" de la población, con más del 70% de la ciudadanía boliviana conectada a internet (de acuerdo Agetic). Esta cifra no es poca, hemos en alguna medida empezado a cerrar la llamada brecha digital (el porcentaje de población que se conecta a internet vs la que no). Al mismo tiempo buscamos dar pasos agigantados proponiendo nuevas normativas que van a la ciudadanía digital, que implica que parte de nuestra identidad ciudadana formal se encuentre digitalizada y ello facilite nuestros trámites en línea, la interoperabilidad de sistemas informáticos del Estado, y parece que dentro de poco, entraremos en la fase del voto electrónico.
No obstante, en esa vertiginosa carrera, cabe preguntarnos si vamos a adoptar una internet para el solucionismo tecnológico, o una para los derechos ciudadanos. La primera implica priorizar, por sobre todas las cosas, las facilidades tecnológicas: que todas y todos usemos firma digital para nuestros trámites, que nuestros datos personales se hallen todos centralizados, que todo trámite se realice a través aplicaciones estatales y que nuestros mayores avances en materia de gobierno electrónico sean a través de ventanillas de atención al cliente 24/7. Estos son avances del lado de la optimización de servicios y la búsqueda de eficiencia, lo cual es positivo, pero no implica que la ciudadanía necesariamente vaya a estar más protegida y que sus derechos estén mejor resguardados.
La otra vía es pensar la tecnología desde la oportunidad para empoderar a la ciudadanía y crear nuevas relaciones entre el Estado y la población. Así, por ejemplo, se puede pensar que internet sirva para abrir la participación en la toma de decisiones, esto es que la ciudadanía pueda opinar sobre políticas públicas y co-crear con las autoridades. También se puede pensar que a través de internet se pueda hacer un mayor control social, digamos a través de la transparencia y los datos abiertos, y que haya organizaciones sociales que ayuden al Estado a verificar presupuestos o participen de ellos (presupuestos participativos). A su vez, tomando en cuenta que como país somos parte del circuito global y estamos igual de afectados por los numerosos crímenes digitales que existen: fraudes, ciberacoso, monitoreo de cuentas, extracción de datos personales privados, ransomware, entre muchos otros, la ciberseguridad ciudadana a través de la prevención (no así el control), se convierta en una de las principales políticas digitales.
Así puesto, nos encontramos en una encrucijada. Por ende, cualquiera sea la decisión hacia la internet que nos dirigimos como país, no debería ser tomada de manera apresurada. Estos temas requieren debatirse y evaluarse desde todas sus aristas, y no debe dejar de tomarse en cuenta, que de cualquiera de las dos visiones de internet, la ciudadanía puede ser quien se vea más afectada.
* El autor es politólogo. Investigador y gestor de proyectos en seguridad digital, tecnopolítica, gobernanza del internet y derechos digitales.
