Revelan que funcionarios viajaban a verificar mochilas
Las declaraciones del caso Mochilas I, tomadas durante la investigación, dan cuenta de un posible direccionamiento en la adquisición, debido a que dos altos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía viajaron a Santa Cruz para verificar el producto antes de la firma del contrato.
Uno de los testimonios que vincula a los ahora exfuncionarios corresponde al empresario de la Asociación 26 de Febrero, Juan de Dios M., quien entre 2017 y 2018 se adjudicó la provisión de las mochilas por 11 y 12 millones de bolivianos, respectivamente.
El empresario declaró que los funcionarios Rolando N. y Andrea G. llegaron a Santa Cruz el 10 de enero de 2018 para verificar las mochilas, cuando el contrato recién se firmó el 26 de enero.
“Más o menos el 10 de enero, el señor Rolando N. y Andrea G. viajaron a Santa Cruz y me llamaron, porque querían ver los productos. Los fui a recoger al aeropuerto (…) los llevé a mi almacén por el Parque Industrial, les mostré las mochilas y el material escolar que ya tenía”, declaró ante el Ministerio Público.
Añadió que aún faltaba que algunos productos salieran de la Aduana Nacional. “Nunca supe por qué viajaron y quién les mandó”, dijo.
Como consecuencia de esta declaración, Rolando N. pasó de ser testigo clave en contra del alcalde José María Leyes a imputado por la Fiscalía el pasado 3 de enero, porque su participación sería más activa en la adquisición de las mochilas. En tanto, Andrea G. tiene medidas sustitutivas desde julio de 2018.
La exfuncionaria fue quien firmó el contrato con el representante de la Asociación, Néstor García Maygua.
Conferencia
El alcalde electo José María Leyes no pudo dar su tan anunciada conferencia de prensa en la cárcel de San Sebastián ayer. Después de que el miércoles declaró que el tiempo del MAS se iba a acabar y pidió a la prensa darle cobertura para “decir muchas cosas” el jueves.
Con este fin, su defensa envió una solicitud al gobernador del penal, Franz Blanco, para la conferencia, pero éste indicó que la autorización debe darla Régimen Penitenciario, por lo cual Leyes no pudo llevarla a cabo.
La abogada Andrea Trigo explicó que la norma permite al gobernador dar la autorización. Por lo que se toma esta actitud como un intento de “coartar el derecho de expresarse del Alcalde”.
DATOS
José María Leyes está detenido casi un año. El Alcalde electo fue aprehendido el 20 de abril de 2018, luego de abstenerse a declarar en el caso Mochilas I.
No podía hablar con la prensa ni con multitudes. Al día siguiente fue su audiencia de medidas cautelares y se le negó hablar con la prensa y en concentraciones.
Volverá a solicitar permiso ante Régimen. Luego de que le rechazaran hablar con los medios, ayer, su defensa anunció que volverán a pedir permiso a la Dirección de Régimen Penitenciario para que el Alcalde electo pueda dar la conferencia de prensa.
ANÁLISIS
César Cabrera Abogado constitucionalista
“Es un exceso privarle del resto de sus derechos”
El Alcalde electo no es un reo común. Si bien se le ha privado del derecho a la libertad física y de locomoción, el resto de sus derechos se mantienen incólumes.
En ninguna parte de la normativa se señala que un reo no puede dar una conferencia de prensa. Lo que veo es que, más allá de un fundamento jurídico al respecto, es una decisión de orden política. Sólo se prohíbe (hablar con la prensa) a algún detenido cuando se puede generar algún riesgo con una organización criminal.
Al alcalde Leyes se le estuviera privando (con este tipo de determinación) de su derecho a la libertad de expresión e información. Es un exceso privarle el ejercicio de sus demás derechos.
