Envían a la cárcel a Gallinate por tres presuntas irregularidades
Tras seis horas de audiencia, el juez del Juzgado Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Nº1 de Colcapirhua determinó ayer para el alcalde Nelson Gallinate la detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pablo de Quillacollo, en el caso de un presunto sobreprecio en la adquisición de 10 mil pruebas de antígeno nasal.
En tanto que quien fuera el secretario de Administrativo Financiero de la Alcaldía, Iván Padilla, deberá también cumplir su detención hasta el 5 de agosto en el penal de San Antonio; mientras que la jefa de Contabilidad, Josefina Totula, fue trasladada al recinto de San Sebastián Mujeres.
El juez falló en contra de los tres imputados, luego de valorar la fundamentación y documentación que presentó la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia sobre la existencia de riesgos de fuga y obstaculización, además de informes que dan cuenta de la existencia de al menos tres irregularidades en la compra de insumos médicos.
En su intervención, el Ministerio Público hizo referencia al sobreprecio de 130 mil bolivianos en la adquisición de las pruebas para detectar el Covid-19, falsificación de informes para direccionar la contratación de una empresa y la vulneración de procedimientos administrativos.
La autoridad edil fue imputada por tres presuntos delitos que son negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Entretanto, los otros dos funcionarios fueron imputados por incumplimiento deberes y conducta antieconómica.
Para demostrar que hay indicios de sobreprecio, el Ministerio Público adjuntó informes que señalan que, el 28 de mayo del 2021, la Alcaldía de Colcapirhua pagó 580 mil bolivianos por la adquisición de 10 mil pruebas de antígeno. El precio referencial por insumo es de 58 bolivianos. Sin embargo, dos días después, para el municipio de Arque la misma empresa cotizó el mismo requerimiento a 45 bolivianos.
Otro aspecto que observó en la imputación la Fiscalía es que la compra inicialmente se hizo por contratación directa, pero posteriormente termina figurando por “emergencia”. Además, se habría realizado sin que el Concejo aprobara una modificación presupuestaria para disponer los fondos para el pago.
En la lectura de la resolución del caso, el juez mencionó que hay elementos de obstaculización, porque Gallinate y otros funcionarios comenzaron a presionar al personal para subsanar los procedimientos que se obviaron e incluso entregaban memorándums si estos no cooperaban.
El abogado de alcalde, Milton Soto, puntualizó que se apeló el fallo porque no se tomaron en cuenta informes de Contraloría ni documentación que respalda la contratación.
Un contingente policial escoltó a Gallinate y los otros imputados, debido a que varias personas aguardaban los resultados de la audiencia. Estas protestaron y amenazaron con impedir el traslado a los recintos penitenciarios.
Ante la reacción de la gente, los efectivos procedieron a resguardar el juzgado.
Algunos vecinos, dirigentes y funcionarios anunciaron la realización de una reunión de emergencia, este domingo, para asumir medidas de presión.
